A las 13 horas de este lunes, los 18 ministros que conforman la Corte de Apelaciones de San Miguel se reunirán en pleno para escuchar los alegatos en que la Fiscalía Oriente buscará desaforar al senador Manuel José Ossandón. Con esto, el Ministerio Público podrá acusar y llevar a juicio al parlamentario por el delito de tráfico de influencias, instancia que se desarrollará ante el Tribunal Oral de Puente Alto y en que el ente persecutor pretende lograr una condena de cuatro años de cárcel y un castigo accesorio, que es la imposibilidad de postular a cargos públicos durante 10 años. En caso de concretar esta pena, se vería seriamente comprometida la carrera política de Ossandón, una de las principales figuras de la centroderecha y que hasta hace poco era una de sus cartas presidenciales. Aquí los hitos más relevantes de una jornada clave.

El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, recibió la investigación por presunto tráfico de influencias en contra del senador Manuel José Ossandón en mayo de 2019. Hasta ese entonces la causa, que se había abierto un año antes por una denuncia presenta por el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda (quien es primo del parlamentario), estaba en manos del entonces fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán -quien hoy es secretario del Senado-. La indagatoria llegó hasta la repartición del Ministerio Público de la zona oriente cuando el actual jefe regional de la zona sur, Héctor Barros, se inhabilitó. Guerra, entonces, designó al jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, para llevar adelante la indagatoria. A Ossandón se le acusaba de haber realizado intervenciones en el Concejo Municipal de Pirque y ante el jefe comunal a favor de la empresa Cavilú, que tiene en sus manos una concesión para extraer áridos del río Maipo, sin nunca revelar que uno de sus hijos, Nicolás Ossandón Lira, estaba vinculado a la empresa.

La Corte de Apelaciones de San Miguel, entonces, deberá decidir si durante estos años de investigación la fiscalía cuenta con antecedentes suficientes que permitan acusar y llevar a estrado a Ossandón, que en su calidad de congresista cuenta con fuero. Esto le significa al Ministerio Público la realización de una especie de juicio previo, en que deberá exhibir las pruebas reunidas y demostrar que existen antecedentes fundados para perseguir la responsabilidad penal del parlamentario, el que suspendió su militancia en RN cuando el Ministerio Público decidió formalizarlo.

Si el tribunal de alzada acoge la petición del fiscal Guerra, a la defensa del senador -encabezada por el penalista Samuel Donoso- le quedará una última instancia: la Corte Suprema. Sin embargo, si el Ministerio Público pierde, la Constitución podría jugar a favor de Ossandón. Esto, ya que la Carta Fundamental señala que la resolución que concede el desafuero es apelable. Entonces, varios abogados -sobre todo aquellos que han representado a parlamentarios en juicios de desafuero- han planteado que, por ende, la resolución “que no concede el desafuero”, es decir que lo rechaza, no sería impugnable ante el máximo tribunal. Ahora, como todo en el derecho penal es interpretable, es probable que de no acogerse el desafuero, la Fiscalía Oriente apele de todas maneras a la Suprema y la defensa de Ossandón, si así lo decide, podría acudir al Tribunal Constitucional (TC) para que zanje la controversia.

Para desaforar a Ossandón solo se necesita que la mayoría de los jueces de la corte lo decida.

El fiscal Felipe Sepúlveda cuenta con una serie de declaraciones de concejales y del propio alcalde Balmaceda, incluidos mensajes de WhatsApp que se adjuntaron al expediente, que demostrarían -según el Ministerio Público- que Ossandón intervino a favor de la empresa Cavilú sin nunca transparentar que un pariente suyo, en este caso su hijo, tenía interés en destrabar el negocio, que dependía de Pirque en ese momento, ya que Puente Alto ya había accedido a prorrogar la concesión. Incluso, en escritos ante el tribunal de garantía, el Ministerio Público ha planteado sospechas de que Nicolás Ossandón Lira sería un “testaferro”, es decir “un palo blanco”, de su padre.

“Es un elemento trascendente determinar el origen de los dineros aportados por Nicolás Ossandón a Cavilú”, dijo el investigador en un escrito ante la justicia, en que, además, plantea que “no es usual que un estudiante universitario de menos de 25 años pueda realizar aportes en dinero tan relevantes (…), sumas que oscilan entre los $ 20 millones y $ 25 millones (…). Incluso, podría darse el caso de que efectivamente esas sumas de dinero provengan de las cuentas de Nicolás Ossandón, pero que provengan de un tercero, como por ejemplo el mismo senador y en realidad Nicolás Ossandón no sea más que un ‘testaferro’”.

La defensa de Ossandón centrará sus descargos ante el tribunal de alzada en que todas las acciones que se le reprochan al senador son más bien consejos y nunca tuvo por intención beneficiar en un negocio de áridos del río Maipo a la empresa Cavilú, en que participaba uno de sus hijos. “La intervención del honorable senador Ossandón reúne las características de gestiones típicamente políticas, que en caso alguno satisfacen las condiciones para ser entendidas como ilícitas; se trata de gestiones socialmente aceptadas, que tienen como único objetivo el bien común, en este caso, de los vecinos de la comuna de Pirque”, dice uno de los escritos presentados ante la corte por su abogado, Samuel Donoso.

Otro elemento será demostrar ante los ministros que el caso se trata de una especie de revancha del alcalde Balmaceda, primo del senador, con quien mantiene una rencilla pública de años. “Es un hecho público y notorio que nuestro representado y el alcalde de Pirque, si bien son primos, mantienen una mala relación y animadversión personal (...); quizás la prueba más palmaria de esta animadversión entre ambos, y la animadversión que Balmaceda le tiene a nuestro representado es, precisamente, la infundada querella criminal presentada por éste en contra de nuestro representado”, se lee en un documento adjuntado por la defensa en el expediente de desafuero.

Ahí, la fiscalía cuenta con una declaración clave. Ossandón deslizó que su intervención en el concejo era para ayudar a la viuda del dueño de Cavilú, que había quedado desprotegida tras la muerte del empresario. Sin embargo, esta al momento de ser interrogada en la investigación negó haber pedido gestión alguna al senador, de hecho, dijo no conocerlo.

Finalmente, los abogados del congresista dirán que no se dan los requisitos del tipo penal de tráfico de influencias, que exige que el funcionario público, en este caso el senador, tenga una posición de influencia por sobre los concejales y el alcalde, lo que, a su juicio, no se configura en el caso en cuestión.

No pocos al interior del Ministerio Público plantean que esta podría ser la última intervención relevante del fiscal regional Manuel Guerra en una causa de connotación pública y con ribetes políticos. La autoridad ha manifestado abiertamente su intención de renunciar al Ministerio Público, pese a que su periodo de ocho años termina el 2023. Cercanos aseguran que dejará el cargo a fines del primer semestre de este año. Entonces, los alegatos de este lunes tienen como condimento que podría ser el último alegato del investigador en su calidad de jefe regional del Ministerio Público.

De hecho, será Guerra quien tome la palabra para pedir el desafuero de Ossandón ante la corte, exponiendo las pruebas que durante dos años ha recolectado su equipo, que es liderado por el fiscal Felipe Sepúlveda y la Brigada Anticorrupción de la PDI.

De ser desaforado y enfrentar un juicio oral, en ningún caso -por los tiempos judiciales y más aún ahora con la pandemia- Ossandón podría tener un resultado judicial este 2021. El congresista, debido a su vínculo con esta causa, anunció que no sería candidato presidencial esta vez, pero si pierde el fuero no podrá siquiera optar a una reelección en la Cámara Alta. Esto, porque según la ley, si es desaforado y el Ministerio Público lo acusa por una pena aflictiva (más de tres años y un día) perderá su derecho a voto, que es uno de los requisitos para ser senador.

El Artículo 50 de la Constitución plantea que para ser elegido senador se requiere “ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado enseñanza media o equivalente y tener cumplidos 35 años de edad el día de la elección”. Al ser acusado por un delito con pena aflictiva, perdería el derecho a sufragio, primer requisito para integrar la Cámara Alta.

Asimismo, Ossandón tiene calidad de imputado en otra investigación que lleva la Fiscalía Oriente, pero que se tramita en la jurisdicción de los tribunales de Santiago. En ella se le investiga por presunto fraude al Fisco por supuestas triangulaciones de dineros del Estado con su secretaria. Hasta el momento, esa investigación no ha sido formalizada, en parte, porque el Ministerio Público ha concentrado sus esfuerzos en la causa por tráfico de influencias que hoy vive una jornada vital ante los tribunales superiores de justicia.