El Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir declaró este martes la quiebra de la salmonera Nova Austral. Esto luego de que dos proveedores (Comercializadora Nutreco Chile Limitada y Salmonífera Dalcahue Limitada) impugnaran el acuerdo de reorganización judicial, disconformes con las cláusulas de pago del convenio, que permitía la viabilidad de la empresa que opera en Magallanes.

La resolución, firmada por el juez Pablo Aceituno, ordenó la apertura del proceso de liquidación concursal, solicitando a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento la nominación de un liquidador, acompañando los antecedentes de los tres principales acreedores.

Sin embargo, Nova Austral, asesorada por el abogado Ricardo Reveco socio de Carey, en las próximas horas presentará una apelación a la resolución del tribunal de primera instancia, elevando el caso a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Conocedores del proceso calificaron el revés de la salmonera como grave, no solo porque es un tropiezo en su plan para dar continuidad a la empresa, sino que también porque podría impactar en los beneficios tributarios que obtiene a través de la Ley Navarino. La salmonera de capitales noruegos otorga empleo en Magallanes a más de 3.000 personas en forma directa e indirecta.

A pesar de lo anterior, para Nutreco el acuerdo es ilegal, ya que remite el 100% del crédito y alza las garantías que existían, lo que, acusa, provoca una diferencia entre los dos proveedores de alimento de salmones, declarando a Ewos como “esencial” y aparta a Nutreco de esa condición. El crédito que alega la compañía asciende a US$23 millones. Por su parte, Salmonífera Dalcahue es una empresa familiar y exige el pago de una deuda de solo $150 millones: tiene un crédito valista por un negocio que hicieron ambas salmoneras.

Nutreco es representada por el abogado Fernando Urrutia, socio de Cariola, y Salmonífera Dalcahue es asesorada por el abogado Jose Luis Díaz.

En su resolución, el tribunal concluyó que el Acuerdo de Reorganización Judicial de Nova Austral “genera una desigualdad infundada, que deviene en ilegal, constituyendo una privación patrimonial a las afectadas”. Para ello, se basa en el el artículo 64 de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que permite que en las propuestas de acuerdo de reorganización se puedan “establecer condiciones más favorables para algunos de los acreedores de una misma clase o categoría, siempre que los demás acreedores de la respectiva clase o categoría lo acuerden con Quórum Especial, el cual se calculará únicamente sobre el monto de los créditos de estos últimos”.

El juez determinó lo que el “trato diferenciado se observa en la posibilidad de financiar capital de trabajo y traspasa el marco del artículo 64 de la Ley de Insolvencia”. También acotó que el convenio “genera una discriminación arbitraria, injustificada, injusta o desproporcionada y ajustada al referido artículo 64, facilitar el salvataje económico de la empresa Nova Austral”, acotó.

El 17 de enero de 2024, el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir aprobó el plan de reorganización de la compañía.

El acuerdo fue aprobado por el 92% de los acreedores, y por el 86% de los acreedores preferentes. Nutreco habría votado en contra de la propuesta. La empresa inició el proceso a mediados del año pasado, para reestructurar sus pasivos, y asegurar su continuidad operacional.

El desempeño de la empresa, que opera en la región de Magallanes y la Antártica Chilena desde hace más de 15 años, se ha visto afectado por una serie de factores, que le han impedido el normal desarrollo de su giro. Entre ellos, las duras sanciones que recibió por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), explicó en su solicitud de reorganización.

En el escrito de ese entonces, Nova Austral indicó que sus pasivos suman US$559millones ($449.636 millones). Los tres mayores acreedores son: Nordic Trustee (US$415 millones); DNB Bank (US$69 millones) y Skretting (US$23 millones).

El “endurecimiento del estándar fiscalizador”; la falta de reconocimiento de las mejoras operacionales de la compañía”; la “invalidación de autorizaciones para relocalizar centro de cultivo” y la “emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid-19 en Chile”, fueron los motivos que llevaron a la empresa a su reorganización.