La bancada de diputados RN entregó un ultimátum ayer a La Moneda y advirtió que en caso de que no se concreten 12 mil expulsiones administrativas de extranjeros que están de forma irregular en el país de aquí a fin de año, presentarán una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien apuntan como responsable política por la crisis de seguridad.
El ministro de Vivienda aseguró que la acción anunciada por la bancada del Partido Social Cristiano "hay que asumirla porque es parte de las instituciones". Asimismo, pidió a la comisión investigadora determinar en sus conclusiones las implicancias del caso sobre líos de platas.
El libelo, que sería ingresado la próxima semana, sorprendió especialmente a la oposición que prefería esperar el desenlace del plebiscito constitucional antes de iniciar acciones contra el ministro. Por ahora, la presentación en contra de Montes necesita de la adhesión de otros cinco diputados más, que al menos hasta ayer aún no estaban asegurados.
El jefe de la bancada PS, Daniel Manouchehri, afirmó que el libelo acusatorio anunciado por diputadas de oposición “no tiene ningún fundamento. Es una acusación mala leche y ociosa".
La diputada Sara Concha confirmó este martes desde el Congreso que el libelo contra el titular de Vivienda ya está siendo redactado y que la próxima semana será presentado.
La vocera de gobierno se refirió a una eventual acusación constitucional contra el titular de Vivienda por los líos de platas políticas, señalando que “la oposición actual puede tener muchas críticas a nuestro comportamiento en periodos anteriores, pero ellos no pueden cometer los mismos errores si consideran que fueron errores”.
En la centro-derecha dicen que un libelo contra el ministro de Vivienda podría generar un conflicto entre el gobierno y la oposición, lo que repercutiría en las opciones del "A favor" para el plebiscito de salida. En el Partido Republicano, en cambio, insisten en evaluar la vía de una acusación constitucional.
El parlamentario del Partido Radical apuntó a la crisis que se vive en el sector de salud, especialmente al fallo de la Corte Suprema contra las isapres, donde la Superintendencia de Salud tuvo que pedir una nueva prórroga para su aplicación. “La Dra. Aguilera más parece ser ministra de la OMS que de Salud de Chile", dijo el legislador.
La colectividad fundada por José Antonio Kast desistió de la ofensiva contra el exministro de Desarrollo Social, previo a un debate en la bancada. Algunos querían seguir con la acción para dar una señal política.
Desde la tienda de José Antonio Kast iban a ingresar el libelo este lunes, pero luego de la renuncia del ministro de Desarrollo Social, decidieron no continuar con la acción.
"Todos los que estamos en cargos públicos tenemos que poner lo mejor de nuestra parte para que Chile progrese, y eso no se logra con puras peleas”, afirmó la autoridad comunal.
En teoría, la derecha tendría un piso de 67 legisladores para acusar al titular de Desarrollo Social, descontando a María Luisa Cordero, hoy desaforada, y a Joaquín Lavín León, quien no ha apoyado ningún libelo contra ministros de Boric y hoy estaría en reflexión. No es el único voto en suspenso. En la misma condición están el independiente Enrique Lee; el DC Eric Aedo; el Amarillo Andrés Jouannet; los PDG Karen Medina y Rubén Oyarzo; y el grupo de legisladores Demócratas, liderado por Miguel Ángel Calisto (Ind.) y Joanna Pérez.
En sus dos períodos como diputado, el actual Presidente debió hacer frente a 15 acusaciones constitucionales, durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. De ellas, respaldó 11. En 2018 justificó una de ellas por falta de liderazgo de un secretario de Estado.
El senador y presidente de RD reconoció que hay "sinvergüenzas" que deben ser sancionados por el caso de líos de platas, "pero no por eso vamos a estar injuriando a un ministro como si fuera el responsable de todos estos casos”, señaló.
El libelo que anunció ayer la bancada del Partido Republicano en contra del ministro de Desarrollo Social se da en un terreno distinto a la ofensiva que logró zafar en enero pasado. Pese a que la arremetida opositora, por ahora, no cuenta con los votos para ser aprobada, la amenaza de descuelgues oficialistas -donde crece la incomodidad con el secretario de Estado- son mirados con inquietud por La Moneda.
