el Jefe de la Segpres se refirió al libelo presentado en contra del ministro de Vivienda Carlos Montes. "Esta es una acusación que carece de fundamentos, las causales que establece la Constitución son claras y precisas. Se está abusando de un instrumento de fiscalización", dijo Elizalde.
Desde el sector, además, proyectaron que el líbelo no contaría con el respaldo necesario en el Congreso.
El libelo es presentado por la eventual responsabilidad del secretario de Estado en los traspasos de recursos desde el ministerio de Vivienda a fundaciones que están siendo investigados por la justicia.
El ministro de Vivienda dijo que desconoce aún el contenido del líbelo que presentará la oposición, pero que es “primera vez que alguien hace referencia a temas de probidad". Además, señaló “el que decide mi permanencia o no es el Presidente de la República”.
La presidenta del PS afirmó que "cuando están estos casos en que volvemos y volvemos sobre los temas, finalmente quienes están ocupando estos cargos están sujetos a la crítica y no los dejan trabajar, entonces yo creo que es un problema para él”.
La Tercera tuvo acceso a un borrador del libelo que la oposición presentará este martes en contra del titular de Vivienda, el que busca que asuma su responsabilidad política en los casos de transferencias de dineros de entidades públicas a fundaciones.
Tras la derrota que sufrió el sector en el plebiscito, la derecha presentará este martes el libelo en contra del ministro de Vivienda, el que busca que asuma su responsabilidad política en los casos de transferencias de dineros de entidades públicas a fundaciones.
Tras los cuestionamientos desde la oposición -quienes evalúan una acusación constitucional si Montes no dimite- y de voces del propio Socialismo Democrático, el secretario general del PS indicó que desde la tienda "respaldan" al mandatario ante cualquier modificación que requiera realizar. Esto, en pos de la unidad de la coalición y para hacer frente a los embates de la oposición.
En la derecha elevaron las críticas luego de que se conociera la declaración en la fiscalía de la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, quien afirmó que el ministro de Vivienda conoció del caso de Democracia Viva antes de que saliera en la prensa, lo que contradice su versión.
Los jefes de bancada de Chile Vamos y del Partido Republicano reaccionaron a afirmaciones de la exsubsecretaria Tatiana Rojas respecto a que habría alertado al jefe de cartera antes que el caso se hiciera público por la prensa.
El comunicado del exseremi provocó que la oposición retomara las conversaciones para estudiar una acusación constitucional en contra de ministro de Vivienda y para exigir la renuncia del jefe de asesores del Segundo Piso. Este último es el que quedó en una posición más compleja, puesto que la versión de Contreras contradice la que él entregó ante la comisión investigadora de la Cámara, lo que desató críticas desde el propio oficialismo.
La diligencia adoptada por la Fiscalía de Tarapacá volvió a enardecer el ambiente político. La legisladora socialcristiana reiteró que presentarán el libelo a menos que el ministro renuncie.
Si bien desde el Partido Social Cristiano -los principales impulsores del libelo- aseguran que presentarán los argumentos esta semana, al interior de las demás bancadas de oposición ven conveniente esperar hasta que concluya el trabajo de la comisión investigadora del Caso Convenios para tomar acciones. Con o sin acusación sobre la mesa, desde distintos partidos han instado a Montes a dar un paso al costado por su cuenta.
La ministra del Interior calificó de “amenaza” la posible AC de la oposición en su contra en caso de no concretarse 12 mil expulsiones administrativas pendientes de inmigrantes. "Nunca me había pasado recibir amenazas de autoridades electas democráticamente. Espero que sea la última vez”, destacó Tohá.
No son días fáciles para la vicepresidenta. Tras los últimos hechos delictivos -alza de secuestros y ataque con granada a una carabinera-, la bancada de diputados RN entregó un ultimátum a La Moneda y advirtió que en caso de que no se concreten 12 mil expulsiones administrativas de extranjeros que están de forma irregular en el país de aquí a fin de año, presentarán una acusación constitucional contra la ministra del Interior, a quien apuntan como la responsable política de la crisis de seguridad.
