Hasta el momento los integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara, instancia donde están radicadas ambas iniciativas, no han sido citados, salvo para la sesión conjunta con la Comisión de Constitución, con la que están viendo la reforma sobre reglas de uso de la fuerza. Oficialismo y oposición se responsabilizan mutuamente por este estancamiento en la tramitación de los dos proyectos.
De acuerdo a datos del CEAD -perteneciente a la Subsecretaría de Prevención de Delitos-, los casos por homicidio han aumentado en un 60% entre 2014 y 2023. Otros delitos, como robos con violencia o intimidación, o robos con fuerza, también han registrado un alza en el último decenio, mientras que los hurtos y los robos a lugares habitados han ido a la baja.
La Moneda busca aminorar el golpe que implica que los dos jefes de la policía enfrenten procesos judiciales. El escándalo distrae el avance de la agenda de seguridad de Tohá y opaca los anuncios que el Ejecutivo considera buenas noticias.
La iniciativa pasó a tercer trámite legislativo del Senado. Las modificaciones se centran en labores de persecución y tratamiento de situaciones de reincidencia.
Este lunes -después del receso de febrero- el Parlamento volverá a sesionar con la agenda de seguridad, el pacto fiscal y la reforma previsional como prioridades.
A semanas de que la administración de Boric cumpla dos años, ya suma 151 proyectos enviados al Congreso y 259 leyes publicadas. Esta últma cifra es un récord respecto de gobiernos pasados. Sin embargo, el problema del Ejecutivo es que reformas estructurales (pensiones y tributaria) ya quedaron para marzo. El cuadro más crítico es la agenda de DD.HH., la Empresa Nacional del Litio y el lento avance de los proyectos de probidad. La agenda de seguridad, en tanto, es la única la nota alta.
Un gobernador haciendo juicios inexactos sobre homicidios, alcaldes decretando estados de emergencia comunal, un niño de cinco años muriendo a tiros. Las últimas semanas han girado en torno a la delincuencia y la presión pública se ha redoblado. El problema, dicen expertos, es que la clase política interviene sin comprender el tema.
El presidente del Senado se refirió este lunes a la última etapa del trabajo del órgano redactor, asegurando que “el resultado final nos permite cerrar un capítulo” y que “lo que necesitamos es concentrarnos en la agenda de seguridad y resolver los temas económicos”.
Según explicó el ministro de Justicia, Luis Cordero, el objetivo central de la iniciativa es "que el fortalecimiento institucional sea coherente con las estrategias de persecución criminal, sobre todo con la eficacia de los resultados".
Diputados oficialistas levantaron cuestionamientos en contra de la portavoz de La Moneda porque -a juicio de ellos- los costos de las derrotas políticas del Ejecutivo en la agenda legislativa de seguridad estarían siendo asumidos solo por la ministra del Interior y no por la titular de la Segegob.
La vocera de gobierno se defendió de los cuestionamientos que apuntan a que la titular del Interior, Carolina Tohá, estaría asumiendo los costos políticos por la agenda de seguridad del Ejecutivo. “La preocupación central del oficialismo debería ser cómo seguimos respaldando más esa agenda para que siga teniendo buenos resultados”, respondió Vallejo.
Este martes a las 8 de la mañana, un grupo de parlamentarios de Socialismo Democrático y el Frente Amplio van a La Moneda para dar un espaldarazo a la gestión en seguridad de la titular de Interior.
El exjefe de Interior defiende a la ministra Tohá y plantea revisar los resguardos para que los campamentos históricos no se vean afectados con la ley de usurpaciones. Pese a ello, cree que igualmente “gente de izquierda votará en contra del veto” presidencial que busca corregir precisamente algunos aspectos de ese proyecto.
