Los secretarios de Estado de la Segpres y de Justicia insistieron este domingo en que no llegó el informe sobre el caso Democracia Viva a Presidencia, como planteó el exseremi de Vivienda Carlos Contreras.
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El ministro de la Segpres dijo que el compromiso del gobierno con la seguridad "es de tal envergadura, que no sólo hemos comprometido la presentación de proyectos e indicaciones", sino que además "con su aprobación, pese a que no depende del Poder Ejecutivo", sino que del Legislativo.
En el contexto de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones, se allanó el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro Carlos Montes, además de la Subsecretaria de Vivienda y oficinas del Programa de Asentamientos Precarios. "Es una diligencia normal en el contexto de las indagatorias que está llevando a cabo el Ministerio Público", dijo el titular de Justicia, Luis Cordero.
El titular de la Segpres salió a responder al oficio enviado -tras solicitud UDI- por la Comisión de Seguridad de la Cámara a los Ministerios de Interior y Secretaría General de Gobierno que buscaba conocer la fecha de promulgación de la legislación, que fue despachada hace dos semanas.
Según detalló el Ejecutivo, las entradas de migrantes por pasos no habilitados se redujeron en un 29% este año.
“Se le está pidiendo a la ministra Tohá que, en un mes y medio, proceda a un número de expulsiones de casi diez veces lo que el Presidente Piñera hizo en cuatro años, de eso estamos hablando”, cuestionó el ministro Segpres.
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El ministro de la Segpres se refirió a los audios sobre pago de coimas en el SII y la CMF que involucran al abogado, señalando, al igual que su par de Hacienda, que el CDE "tiene atribuciones para querellarse" y que se trata de una "denuncia gravísima", que debe ser "completamente esclarecida".
La Cámara, en último trámite, cursó favorablemente para La Moneda las observaciones presidenciales al proyecto que endurece las penas en contra de las ocupaciones de propiedades. Ahora, la iniciativa está en condiciones de ser promulgada por el Presidente Boric.
La ministra del Interior, Carolina Tohá y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordaron la falta de apoyo del Partido Comunista (PC) y de algunos legisladores del Frente Amplio en la aprobación de las observaciones a la Ley de Usurpaciones.
El ministro de la Segpres, a pesar de la crítica al trabajo del órgano redactor, remarcó la decisión del gobierno de mantener la prescindencia respecto del proceso y aseguró que cumplirán con la "obligación de informar": "creemos que la ciudadanía debe acudir a las urnas con toda la información posible”.
El ministro Segpres criticó que, en el referéndum pasado, la oposición cuestionaba al Ejecutivo por inclinarse a favor de una opción en particular. "Criticaban que el gobierno había optado anticipadamente por una postura, entonces ahora critican todo lo contrario", apuntó.
El ministro de la Segpres se refirió a las críticas de los presidentes de ambas cámaras del Congreso, que acusaron una "parálisis" legislativa del Parlamento y la falta de discusión en torno a proyectos más relevantes, como la reforma previsional y el pacto fiscal.
Si bien la fórmula intermedia de La Moneda para las tomas "no violentas" no agrada a la oposición, en caso de que se rechace esa propuesta gubernamental regiría lo que dice actualmente el Código Penal: una multa.
La jefa de Interior señaló que aunque la iniciativa tenga un criterio especial para las tomas históricas, ello no anula eventuales condenas en un juicio. “La ministra o sabe poco de derecho o interpretó maliciosamente la norma”, respondió la senadora UDI Luz Ebensperger. Las tensiones por este episodio se suman al revés que sufrió esta semana con la norma sobre porte de combustibles.
La alerta levantada por los ministros provocó un remezón entre legisladores del oficialismo y la oposición, cuya intención era eximir de los efectos penales a aquellas tomas históricas. Sin embargo, desde el gobierno precisaron que la excepción sólo se aplica para detenciones policiales y desalojos anticipados, pero que ello no anula eventuales condenas en un juicio.
