Esta jornada fueron formalizados en Arica tres miembros de esta célula del Tren de Aragua por planificar un atentado explosivo contra el Tribunal Oral de la capital regional, aparentemente en represalia por el fallo que condenó a 34 miembros de la banda.
Mariela Hernández asegura que los cambios propuestos por el Ejecutivo no resolverán los problemas de "opacidad" que se evidencian en la selección de magistrados. Asegura que hay que disminuir la injerencia política y sancionar de manera efectiva a quienes ejerzan lobby de manera irregular.
Javier Mora, vicepresidente de la Asociación de Magistrados, también se refirió a la reforma del sistema de nombramiento presentado por el gobierno, indicando que era insuficiente y que esperaban "mucho más" del proyecto.
La solicitud de la ANMM se da luego que el Consejo del INDH decidiera querellarse por el presunto delito de tráfico de influencias en un nombramiento de la Corte Suprema.
Desde ambos gremios lamentaron que dirigentes políticos y parlamentarios pongan en entredicho los elementos ponderados por la jueza Paulina Moya a la hora de definir si el alcalde quedaba o no tras las rejas. Por lo mismo, recordaron que hay que tener "prudencia" y respetar la independencia de los poderes.
"Las palabras del asociado Urrutia merecen ser consideradas lesivas respecto de honor y dignidad de las juezas y jueces", señaló la entidad.
La votación de dos abogados integrantes de la Tercera Sala de la Corte Suprema cambió la jurisprudencia sobre contratos a honorarios en el Estado. El fallo inédito reflotó las críticas al rol que cumplen los profesionales nombrados directamente por el gobierno como ministros de las cortes.
La Asociación de Magistrados aseguró que "las condiciones de inseguridad en los tribunales de garantía y orales en lo penal han sido denunciadas reiteradamente" y que las medidas han sido "insuficientes".
