Tras una audiencia de apelación extendida durante ocho horas, un tribunal de La Paz amplió el plazo de detención de cuatro a seis meses, mientras se investiga la presunta responsabilidad de Añez en la salida de Evo Morales de la presidencia en 2019.
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La defensa de la exmandataria había solicitado una orden para que Añez pudiera salir a un centro de salud debido a malestares, pero horas después el juez retrocedió y envió a una unidad médica del Instituto de Investigación Forense (IDIF). Horas después, durante la madrugada, fue trasladada a otra unidad penal.
La noche del viernes, el mismo juez que horas antes había determinado que la exmandataria fuera atendida en una clínica retrocedió y determinó que sea tratada en el mismo penal. La familia pedía que su cardiólogo la examinara, asegurando que su presión arterial alterada comprometería el corazón. Sin embargo, el magistrado Armando Zeballos justificó su decisión argumentando que la exgobernante estaba aislada y que se buscaba evitar un contagio de coronavirus.
Por su parte, la Dirección de Régimen Penitenciario desmintió que Áñez se encuentra en dicha situación y emitió un comunicado donde señala que la exsenadora se encuentra “estable”.
“Está en este momento con oxígeno y está bastante afectada”, señaló la abogada de la exmandataria.
Después del fallo de la justicia que obliga a la exmandataria interina a pasar cuatro meses en prisión preventiva por el denominado "caso golpe", la oposición y cientos de bolivianos participaron durante el lunes por la noche en marchas simultáneas por Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre y Trinidad, siendo las mayores movilizaciones desde la crisis política de 2019.
La Roja se medirá ante los altiplánicos el próximo 26 de marzo, en una cancha por definir en tierra chilena. El DT solo utilizará futbolistas del medio local.
Áñez fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni (noreste) y este lunes fue encarcelada en una prisión de La Paz.
Jeanine Añez señaló: “Esto es una arbitrariedad. Su busca criminalizar la pacificación del país. Se menoscaban mis derechos de expresidente".
La exmandataria permanece detenida en un recinto policial desde el sábado, acusada de presunta sedición contra el gobierno de Evo Morales.
Los líderes de la oposición señalan que de ser juzgada, Añez debe comparecer ante el Congreso y no ante los tribunales ordinarios. También repitieron la idea de que no hubo ningún golpe de estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
En paralelo, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que “las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido delito de terrorismo, que se presta a arbitrariedades”.
La exmandataria aseguró que su detención y la de algunos de sus exministros, era ilegal. "Un acto de abuso y persecución política", denunció por redes sociales. En tanto, los expresidentes Carlos Mesas y Jorge Quiroga rechazaron la aprehensión.
Los exsecretarios de Estado buscados por la justicia boliviana son Arturo Murillo (Gobierno), Yerko Núñez (Presidencia), Álvaro Coímbra (Justicia), Fernando López (Defensa) y Rodrigo Guzmán (Energías). Siendo este último detenido en Trinidad.
Tras la emisión de la orden las autoridades se dirigieron al domicilio de Vladimir Yuri Calderón, sin embargo no lo encontraron allí ni en otras tres viviendas. El mismo se enfrenta a cargos por delitos de terrorismo, conspiración, sedición y conspiración en grado de complicidad en el marco de la investigación conocida como el caso “golpe de Estado”.
