La acción legal ante la CPI la lidera el diplomático Harold Forsyth, exvicecanciller peruano y exembajador de ese país ante la OEA, y se fundamenta en las decenas de muertes de personas en varias regiones de ese país durante las protestas contra el gobierno, a partir de diciembre de 2022.
“Todas las imputaciones que me hace el día de hoy el Ministerio Público son más falsas que las pestañas y la nariz de la ‘pinocho’ que está en Palacio, avalada por el ‘hampa’ que está en la Plaza Bolívar”, señaló el exmandatario luego que la Fiscalía pidió prolongar por 18 meses su prisión preventiva.
La información emanó de una investigación periodística, la que luego de acceder a la agenda de la mandataria reparó que de los 542 días que lleva en el cargo, estuvo 147 ausente en sus funciones de Gobierno.
En el recurso rechazado por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano se inculpaba a la mandataria de los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, genocidio y lesa humanidad, a raíz del deceso de decenas personas durante las manifestaciones contra su gobierno en 2022 y 2023.
De ser aceptada la acusación contra la mandataria peruana, investigada por el denominado "caso Rolex", y previa tramitación en una comisión del Congreso, será el pleno del organismo legislativo que evaluará la suspensión, destitución de la jefa de Estado y un juicio político.
En una sesión plenaria del Parlamento peruano ninguno de los recursos de petición de destitución de la mandataria alcanzó una mayoría de votos, convirtiéndose en un rotundo fracasado, tal como ocurrió en las cinco mociones de vacancia elevadas anteriormente por la oposición.
El presidente del Congreso peruano, Alejandro Soto Reyes, dio cuenta este jueves en el hemiciclo de los recursos para pedir la renuncia de la mandataria, sobre los que ahora se discutirá su admisibilidad en una sesión plenaria del Parlamento.
"Basta de caminar contra el pueblo peruano orquestando situaciones que no convienen al desarrollo del país”, señaló la mandataria ante acusaciones en su contra de sectores políticos de oposición, mientras el Ministerio Público la investiga por presuntos actos de corrupción.
El Ministerio Público de Perú comunicó la apertura de una causa contra la mandataria y su ministro del Interior, “como presuntos autores de la comisión del delito de abuso de autoridad”. El hecho ocurre cuando la unidad policial apoyaba casos relevantes, entre ellos, las investigaciones a un hermano de la gobernante, detenido por supuestos delitos de tráfico de influencia y organización criminal,
La primera moción fue rechazada con 49 votos en contra, 33 a favor y 12 abstenciones, y la segunda corrió suerte similar con 59 en contra, 32 a favor y 11 abstenciones.
Este miércoles, el Congreso debate si concede o no su voto de confianza al gabinete de la mandataria, encabezado por el primer ministro Gustavo Adrianzén.
Esto, en medio de un escándalo político que involucra a la mandataria por el uso de lujosos relojes Rolex, que motivó una investigación de la fiscalía contra la Presidenta por presunto enriquecimiento ilícito.
La prensa local reveló que la presidenta peruana cuenta con una colección de relojes de alta gama, incluido uno tasado en alrededor de 14.000 dólares.
Con 69 votos en contra, 28 a favor y seis abstenciones, el Parlamento del país vecino archivó la moción planteada por bancadas de partidos de izquierda. En el recurso se señalaba que la mandataria peruana habría infringido la Constitución Política por despachar de manera remota desde el extranjero sin tener un vicepresidente en funciones.
