La persecutora Patricia Benavides -estrecha colaboradora de la mandataria en el proceso judicial que afecta al derrocado mandatario izquierdista-, presentó el recurso contra la jefa de Estado, el primer ministro Alberto Otárola y exministros de Interior “por la presunta comisión de delito de homicidio calificado”.
La mandataria peruana en un inicio participaría en uno de los foros de la cumbre, pero posteriormente su nombre se excluyó dos veces consecutivas del programa de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se desarrolla en San Francisco. El hecho se sumó a la fracasada reunión bilateral con el presidente Biden, en Washington.
La normativa, publicada este martes en el diario oficial El Peruano, y que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, obedece a las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, y tiene por objetivo “fortalecer el marco normativo en materia migratoria”.
En un informe juridíco presentado por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónica del Perú se sindica a la mandataria como responsable de la muerte de ciudadanos quechuas y aimaras durante las protestas contra su gobierno tras el derrocamiento del presidente Pedro Castillo, a fines de 2022.
Nicanor Boluarte será indagado por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en operaciones por 4,9 millones de dólares en obras públicas en el distrito de Nanchoc, que solo cuenta con 1.400 habitantes.
El diplomático Javier González-Olaechea asumió este martes como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y reemplazará a la renunciada Ana Cecilia Gervasi, quien debió asumir la responsabilidad del fallido encuentro entre la mandataria peruana y el gobernante estadounidense.
La ministra de RR.EE., Ana Cecilia Gervasi, decidió dejar el cargo tras la crisis que se desató en el Gobierno, el Congreso y la diplomacia del Perú por el fallido encuentro entre la mandataria y el presidente estadounidense durante la cumbre de la APEP, en Washington. Embajador peruano ante la Casa Blanca también dimitió a su puesto.
La Cancillería peruana salió a desmentir que la cita de la mandataria nunca estuviera en la agenda del gobernante estadounidense e indicó que el encuentro no se cristalizó porque “los tiempos quedaron cortos”.
La mandataria peruana durante su intervención en un foro del Banco Interamericano de Desarrollo -en el marco de la cumbre de la APEP, en EE.UU.-, dijo que “Perú es un país serio, es un país con futuro, pero también con esperanza y desde acá les queremos decir a los inversionistas que los espera con los brazos abiertos".
"En Perú, lamentablemente, no se tiene esa logística”, afirmó la mandataria peruana en comparación a la respuesta de Santiago y Buenos Aires para el retorno de ciudadanos desde Medio Oriente.
“A mí nadie me va a amedrentar. No les tengo miedo. El asesino está bien preso”, declaró la mandataria en un acto público en el que aprovechó de enviar un mensaje a quienes piden su renuncia. Boluarte cargó a las víctimas de sus propias muertes en las manifestaciones: “Fueron ellos mismos, porque, de esta manera, querían doblegar a un Gobierno constitucional”, aseveró.
La defensa de mandataria peruana dijo que la investigación preliminar ha demostrado que no se le puede atribuir ninguna omisión en el ejercicio de sus funciones, puesto que no estaba informada de las decisiones tácticas y operacionales de la Policía Nacional y del Ejército para reprimir las manifestaciones que provocaron decenas de muertos.
Parlamentarios de partido Perú Libre, afín al derrocado gobernante Pedro Castillo y otras bancadas de izquierda iniciaron la campaña luego que Boluarte viajara a Brasil sin respetar la Constitución Política de ese país, para participar de reunión de Presidentes de naciones amazónicas. La moción de los congresistas se sustenta también por los más de 60 asesinatos durante las protestas contra el Gobierno.
El requerimiento del Ministerio Público peruano se da en el contexto de la indagatoria a la mandataria por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, tras los fallecimientos de unas 60 personas en las manifestaciones que se desencadenaron luego del derrocamiento del presidente Pedro Castillo.
La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha llamó para el 22, 27 y 28 de julio a nuevas manifestaciones en todo el país para exigir la renuncia de la mandataria peruana y la disolución del Parlamento, además de la realización de elecciones generales, una asamblea constituyente y mayor celeridad en la investigación sobre la muerte de más de 60 personas en las protestas luego del derrocamiento del gobierno de Pedro Castillo.
