El requerimiento del Ministerio Público peruano se da en el contexto de la indagatoria a la mandataria por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, tras los fallecimientos de unas 60 personas en las manifestaciones que se desencadenaron luego del derrocamiento del presidente Pedro Castillo.
La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha llamó para el 22, 27 y 28 de julio a nuevas manifestaciones en todo el país para exigir la renuncia de la mandataria peruana y la disolución del Parlamento, además de la realización de elecciones generales, una asamblea constituyente y mayor celeridad en la investigación sobre la muerte de más de 60 personas en las protestas luego del derrocamiento del gobierno de Pedro Castillo.
Miles de manifestantes marchan por Lima y otras ciudades peruanas, con banderolas y pancartas con lemas contra el Gobierno, que demandan la renuncia de la presidenta de Dina Boluarte y el cierre del Parlamento. Las autoridades reportaron seis detenidos y cinco heridos en Lima, vías interrumpidas en las regiones de Arequipa y Cusco, mientras que en la zona andina de Huancavelica se intentó quemar la prefectura de policía.
En Lima los manifestantes desfilaban por algunas calles de la ciudad con pancartas alusivas a sus demandas, sin incidentes con las fuerzas de seguridad.
La jornada de protestas, también conocida como la “Toma de Lima”, fue convocada para este miércoles 19 por agrupaciones sociales, sindicales y estudiantiles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento donde llama al Estado peruano "a observar los estándares interamericanos sobre protesta y derechos humanos y abrir canales de diálogo”.
La mandataria peruana, con una impopularidad que supera el 80 % en las escuestas, se prepara para enfrentar una nueva movilización social el próximo miércoles, cuyos objetivos son insistir en su renuncia, la disolución del Parlamento y la demanda de justicia por las personas fallecidas en las manifestaciones a inicios de año. En Lima, la policía dispondrá de ocho mil agentes para controlar la seguridad pública.
“Esta denuncia, como todas las que han ocurrido durante nuestra gestión, van a ser investigadas”, dijo el primer ministro, Alberto Otárola, cuando fue consultado por la denuncia difundida en un medio local sobre el presunto plagio de la mandataria, quien es coautora junto a otras siete personas en un texto publicado en 2004 titulado “El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional”.
La máxima autoridad del Parlamento, José Williams Zapata, se refirió a la protesta nacional contra la presidenta Dina Boluarte y que las organizaciones sociales de todo el país fijaron para el 19 de julio. “Esa frase (Toma de Lima) no debe darse. Nadie viene aquí a tomar Lima. Lo que viene es a presentar un reclamo, debe haber una marcha pacífica. Obviamente nada que se parezca a lo que vimos entre enero o marzo", afirmó.
Dirigentes de la Confederación General de los Trabajadores y de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc) indicaron que se planificaron estrategias para ejecutar en la protesta del miércoles 19 de julio, pues consideran que el gobierno de la mandataria "es dictatorial y carece de legitimidad ante un alto rechazo de la ciudadanía".
El responsable de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas, general Manuel Gómez de la Torre señaló que la mandataria fue informada de las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional durante las manifestaciones en su contra. La gobernante, al ser citada por la Fiscalía Nacional, sostuvo que desconocía dichas operaciones y en las que perdieron la vida más de 60 personas.
“Ese tema del adelanto de elecciones está cerrado, seguiremos trabajando de manera responsable, en respeto al Estado de derecho, la democracia y la Constitución″, expresó este jueves la presidenta peruana en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, tras una reunión del Consejo de Ministros.
Centenares de personas se desplazaron por las calles del centro histórico de Lima, demandando la dimisión de la mandataria peruana y de los miembros del Congreso, en un reinicio de las extensas protestas de diciembre a febrero que dejaron más de 60 muertos.
La mandataria peruana aseguró que durante su gestión se ha “preservado el orden democrático y el Estado de derecho”. Tales afirmaciones las realizó días después que compareciera ante la Fiscalía de ese país, que la investiga por el presunto delito de homicidio calificado debido la muerte de 49 personas en las manifestaciones que se escenificaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
La mandataria peruana hizo un llamado a la Fiscalía para que investigue “a fondo” los pormenores de aquella maniobra de Castillo para que, posteriormente, las autoridades judiciales del país actúen “como corresponde” en contra de los implicados.
La mandataria peruana señaló que se conocen poco a poco nuevos elementos que demostrarían que el encarcelado exgobernante habría planeado con antelación el quiebre del orden constitucional del pasado 7 de diciembre de 2022.
