La mandataria peruana declaró en calidad de testigo tras investigación a Grika Asayag, exasesora del despacho presidencial, por el presunto delito de tráfico de influencias.
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El jefe de gabinete del gobierno peruano, Alberto Otárola, culpó al exmandatario de la filtración de audios y mensajes sobre supuesto financiamiento de la campaña electoral de la presidenta por parte de un exasesor de Inteligencia, investigado por ser miembro del llamado "Gabinete en la Sombra", grupo de funcionarios leales a Castillo que presuntamente operaba como una organización criminal para obtener ganancias ilícitas.
Según la última encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), el 58,1% también consideró que la corrupción aumentó durante mandato de la gobernante que reemplazó al destituido Presidente Pedro Castillo. Mientras, el 80.2% de la población exige que los nuevas elecciones se realicen este año.
El escritor peruano, al recibir el Gran Collar de la Orden del Sol -la máxima distinción del país-, de manos de la presidenta peruana, criticó que se ponga “en duda la legitimidad de este Gobierno”, y ha recordado a otros países latinoamericanos que Perú rechaza “firmemente su injerencia, que viola las normas internacionales y los más elementales principios de la buena vecindad”.
Cientos de personas, con gran cantidad de mujeres venidas de regiones del sur de Perú, protestaron este miércoles en Lima contra la mandataria, la primera mujer al mando de esa nación, y su ministro de Educación, Óscar Becerra, quien comparó hace poco a las manifestantes rurales con animales. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 77% desaprueba a Boluarte.
El próximo martes 7 de marzo, la mandataria peruana deberá acudir a la sede del Ministerio Público en Lima para ser interrogada sobre las personas fallecidas durante las manifestaciones en las ciudades de Ayachucho y Puno, así como en otras regiones del sur del países.
La policía dispersó en el centro histórico de la capital a manifestantes que llegaron desde la región de Puno y que insisten en la renuncia de la mandataria peruana que reemplazó al derrocado presidente Pedro Castillo. También hubo bloqueo de caminos y enfrentamientos que dejaron varios heridos.
“En los próximos días anunciaremos un conjunto de medidas concretas para impulsar el crecimiento y el desarrollo de la región de Puno”, adelantó la mandataria peruana en una ceremonia en el palacio presidencial de Lima, donde recibió un bastón de mando que simboliza su jefatura máxima sobre las fuerzas armadas y policiales de ese país.
“Piden que se cierre el Congreso, yo no puedo cerrar el Congreso. Piden que haya asamblea constituyente, yo no puedo hacer una asamblea constituyente. Están pidiendo que libere al expresidente Pedro Castillo. Yo no puedo liberar a Pedro Castillo”, señaló la mandataria peruana en declaraciones a la prensa. Boluarte agregó que ella, el primer ministro o los ministros no tienen capacidad para resolver dichos puntos políticos.
“He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos Mexicanos y, de esta manera, las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios”, manifestó la mandataria peruana en un mensaje a la nación. Horas antes, el gobernante azteca calificó a su homóloga peruana de “espuria”, volviendo a pedir la liberación del expresidente Pedro Castillo
Durante una manifestación de unas 20 mil personas en la capital de esa región altiplánica de Perú, los líderes indígenas manifestaron que no dejarán que más fuerzas del Ejército ingresen a tomar control de sus pueblos y que la única salida en ese caso sería una “guerra civil”. A la vez, insisten en la renuncia de la presidenta Boluarte.
La iniciativa fue presentada por parlamentarios y dirigentes del partido derechista Avanza País en una reunión con la mandataria peruana, quien ha sostenido encuentros con los distintos sectores políticos para buscar una salida la crisis social que se prolonga desde la destitución del presidente Pedro Castillo. "Creemos que es el momento de defender a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas”, afirmaron.
“No es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto”, señalaron los abogados representantes de organizaciones de DD.HH. y que interpusieron el recurso legal ante la fiscal nacional Patricia Benavides. En la acusación se detallan graves violaciones de derechos humanos en delitos como homicidio, lesiones graves y leves, tortura y abuso de autoridad.
Los manifestantes, provenientes especialmente del sur peruano, se concentran en Lima e insisten en la renuncia de la mandataria y de los miembros del Congreso, a un mes del sangriento choque con la policía que dejó 19 muertos en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno.
La mandataria peruana, que este jueves enfrentará una protesta nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores de ese país, dijo que su dimisión "no acelera absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas".
