“No es posible que por cuestiones burocráticas de tiempos de la tramitación perdamos la ventana de oportunidad”, sostuvo el candidato presidencial del Partido Liberal.
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Durante 2024 al menos 43 legisladores han pasado por tribunales. Algunos fueron absueltos o lograron acuerdos extrajudiciales; sin embargo, hay 38 que aún dependen de sentencias que se darán a conocer en las próximas semanas o meses.
La comisión especial investigadora que analiza las implicancias políticas de la denuncia por violación contra el exsubsecretario está ad portas de una votación clave, que podría derivar en una nueva conducción de la instancia.
Siendo razonable que se busquen mecanismos para que los requerimientos de información al gobierno se respondan en tiempos prudentes, debería a su vez existir algún tipo de filtro para evitar que un gobierno sea atiborrado de solicitudes.
Los diputados votarán a inicios de enero un proyecto que busca fijar un plazo de 30 días como máximo para que las reparticiones públicas contesten oficios parlamentarios.
El liderazgo del diputado RN en la instancia le ha traído duras críticas de los representantes de gobierno, a quien incluso han calificado de "vulgar".
En el Ejecutivo está cobrando fuerza la idea de extender el trabajo legislativo durante el verano, debido a que el Congreso solo tendrá nueve días de sesiones antes del receso de febrero. El riesgo de que la tramitación final de la iniciativa sea postergada para marzo complica especialmente al oficialismo, donde temen que el clima electoral altere la base de apoyo de un posible acuerdo.
El nombre del abogado, viudo de la fallecida parlamentaria, fue definido y propuesto este miércoles por la directiva nacional de la colectividad liderada por Constanza Martínez.
El ajustado calendario legislativo que resta de aquí a marzo genera una complicación para el gobierno, que apuesta por despachar la reforma de pensiones en enero.
Las cortapisas que distintos sectores están colocando, a lo que se suma la ausencia del gobierno, abren dudas sobre la voluntad de sacar adelante cuanto antes una reforma que aborde sobre todo la extrema fragmentación de nuestro sistema político.
Bernardo Berger (Ind-RN), explicó el procedimiento que seguirá la instancia legislativa en la investigación de oficio presentada en contra de la parlamentaria del Frente Amplio por una serie de acciones que están en tela de juicio, como la llamada que hizo el año pasado a una general de Carabineros tras un control de identidad a Jorge Valdivia; la "amenaza" que dice haber recibido de su parte el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia; que la parlamentaria se comunicara con la fiscal Lorena Parra -quien investiga una denuncia por violación en contra del futbolista- y la llamada que hizo a una de las mujeres que denunció a su expareja. "Ella se siente con el derecho de intervenir en otros poderes del Estado", dijo Berger, quien explicó que, una vez que la militante del FA retome de su licencia, la secretaría de la comisión la notificará y tendrá hasta 10 días para responder.
Los asesores del Presidente Boric y la ministra Tohá, Carlos Durán y Pía Mundaca, respectivamente, acudieron este martes a la instancia. Mientras el asesor del mandatario reiteró que el 15 de octubre la salida del exsubsecretario estaba tomada, la funcionaria de Interior explicó por qué no se activaron inmediatamente los protocolos.
Con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el proyecto del Ejecutivo, donde ya analizan qué indicaciones introducir, ahora será discutido en particular por la misma instancia. En paralelo, un estudio sobre el CAE exhibe que muchos deudores no acceden a los beneficios de pago.
Ha pasado más de un año del anuncio de iniciativas, que buscaban asumir deudas por las cinco décadas del golpe de Estado. El primero de estos proyectos recién fue aprobado este martes por la Cámara de Diputados en su primer trámite legislativo.
La vocera de gobierno, a diferencia del jefe del Segundo Piso de La Moneda, no invocó la tesis de "las conversaciones con el Presidente son privadas", lo que provocó que parlamentarios le pidieran a la Contraloría que se pronuncie al respecto. En paralelo, diputados oficialistas levantaron una solicitud de censura contra el presidente de la instancia, el diputado Miguel Mellado, cuestionando su conducción.
