¿Incluir o no a los republicanos?, ¿patrocinios o acuerdo? y ¿dar preferencia a las bancadas grandes? son algunas de las preguntas que deben zanjar en los próximos días diputados y senadores para definir al órgano designado que tendrá el nuevo proceso constituyente.
“Desprolijidad es una cosa e ilegalidad es otra", adelanta José Antonio Viera-Gallo (PS), quien fue contactado por el gobierno y por la exministra para que asuma su defensa en la acusación constitucional ante el Congreso. El nuevo abogado defensor tiene la difícil tarea de diseñar una estrategia que logre salvar a la extitular de Justicia, pero que a la vez no incomode al gobierno, que ya admitió errores en el otorgamiento de indultos.
La Comisión de Constitución de esta sede legislativa desechó todas las enmiendas que se ingresaron al pacto que habilitará el segundo proceso constitucional. La moción parlamentaria no fue modificada y sigue intacta, tal como fue evacuada desde el Senado. Este miércoles la sala podría culminar la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso y quedar listo para ser promulgado.
Esta semana la oposición evaluó por primera vez arremeter contra el Presidente Gabriel Boric, tras sus dichos sobre el juicio de Jorge Mateluna. Los ministros Giorgio Jackson (Desarollo Social) y Marcela Ríos (Justicia) están en la mira.
La marca japonesa lanza una cámara especialmente diseñada para creadores de contenido audiovisual, vloggers e influencers. Aunque saca fotos, su fuerte es el video, con alta capacidad de enfoque, fácil traspaso de archivos y gran micrófono direccional.
De forma tácita, las fuerzas firmantes del "Acuerdo por Chile" buscaron, al menos en la Cámara Alta, darle una tramitación rápida a su reforma constitucional. En teoría, esta tiene el respaldo de 43 senadores, cifra más que suficiente para superar la valla de 29 votos necesarios. El problema de la iniciativa, sin embargo, está en los plazos, en las maniobras dilatorias que podrían usar algunos disidentes y lo que finalmente ocurrirá en la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue impulsada por los diputados de las bancadas de RN: María Luisa Cordero, Sofía Cid, Catalina del Real, Andrés Longton, Hugo Rey y Juan Carlos Beltrán.
Aunque el pacto sellado anoche tiene los votos para ser aprobado en el Senado, las dudas están en la Cámara, donde los extremos del arco político reaccionaron con distancia. Sin embargo, la mayor pesadumbre predominaba en la izquierda. Incluso, diputados oficialistas admitían que algunos integrantes de sus bancadas podrían descolgarse para rechazar o al menos tratar de corregir algunos puntos del acuerdo.
La posible censura en contra del presidente de la Cámara inquieta a La Moneda, que necesita que las aguas se aquieten para sus reformas. En el Ejecutivo y en las autoridades del Congreso existe consenso de que la solución pasa por un nuevo pacto administrativo que incluya a la derecha.
Diputados de oposición cuestionaron los gastos de la Presidencia para actos conmemorativos por un nuevo aniversario del 11 de septiembre. La presentación era parte de una arremetida mayor, planteada por legisladores de RN, la UDI y el Partido Republicano, ya que existen sospechas por mal uso de fondos en varios programas de derechos humanos.
Desde la oposición afirmaron que la partida presentó aumentos “insuficientes” en los montos destinados a las policías y a la Fiscalía en el actual escenario delictual que se registra en el país.
Una trifulca ocurrida el lunes abrió una inquietud respecto de lo que sucederá en los próximos días, ya que esta semana los diputados votarán, en particular, las partidas de la Ley de Presupuesto, donde los dineros para ciertas políticas de derechos humanos corren el riesgo de ser rechazados. De hecho, desde la derecha también presentarán indicaciones para reducir al máximo posible la partida del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Las diputadas que no concurrieron a realizarse el examen son Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Lorena Fries (independiente del Frente Amplio), dos de las cinco parlamentarias que en agosto pasado presentaron un recurso judicial en contra de esta medida.
