Una trifulca ocurrida el lunes abrió una inquietud respecto de lo que sucederá en los próximos días, ya que esta semana los diputados votarán, en particular, las partidas de la Ley de Presupuesto, donde los dineros para ciertas políticas de derechos humanos corren el riesgo de ser rechazados. De hecho, desde la derecha también presentarán indicaciones para reducir al máximo posible la partida del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Las diputadas que no concurrieron a realizarse el examen son Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Lorena Fries (independiente del Frente Amplio), dos de las cinco parlamentarias que en agosto pasado presentaron un recurso judicial en contra de esta medida.
El debut de la nueva mesa que encabeza Vlado Mirosevic fue complejo. Incluso, desde la derecha lanzaron amenazas veladas para destituir a las nuevas autoridades.
En 48 horas, las fuerzas de gobierno lograron amarrar descolgados y dividir a las bancadas de la DC y el PDG que, hasta el viernes, estaban inclinadas por pactar con la derecha. Incluso, dieron vuelta votos como el radical Tomás Lagomarsino, quien ya tenía un preacuerdo con la oposición.
Fuerzas de gobierno que postulan al legislador liberal habían logrado, al cierre de esta edición, cierta ventaja sobre la derecha, cuya alianza para levantar al diputado del Partido de la Gente, Víctor Pino, comenzó a desmoronarse.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos intervino, a través de la fórmula de “amicus curiae”, en favor de un recurso presentado por cinco parlamentarias. Según esa presentación, "el consumo de sustancias estupefacientes" por parte de legisladores "son datos sensibles" que no debieran publicarse. El hecho es cuestionado por la UDI, cuya bancada impulsó el examen obligatorio y público en la Cámara.
Ayer en la noche la derecha se reunió con fuerzas del PDG y la DC, y también esperaba invitar a parlamentarios del Partido Radical. De esta manera, el sector se empoderó en las conversaciones luego de que la comunista Karol Cariola se bajara de la competencia.
El jefe de comité comunista indicó que las tratativas continuarán con “quienes crean que la palabra empeñada es un valor importante para las personas y para la sociedad”, en referencia a la decisión de la DC de restarle su apoyo a Karol Cariola para la presidencia de la Cámara.
La solicitud ingresada por el diputado UDI Cristian Labbé se cayó al no obtener la mayoría necesaria. Esto, porque hubo seis votos a favor, seis en contra y una abstención, del diputado Tomás Lagomarsino (ind-Radical).
A juicio del presidente gremialista "el gobierno, en materia de libertad de expresión, en materia de la legítima critica y disenso político, no puede estar permanentemente acusando a la oposición de que se sobre interpreta ciertas atribuciones que las tenemos”.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa parlamentaria cumplió su tramitación en el Congreso y se despachó al Ejecutivo para su promulgación. El proyecto atendió las complejidades generadas por la pandemia de Covid-19, que han impedido el normal desarrollo de las actividades educacionales.
En la DC dicen que tomarán en cuenta cómo votarán los comunistas este proyecto de resolución antes de decidir si retiran su apoyo a Cariola para presidir la Cámara. Esta ofensiva se suma a la presentación de una censura en contra de la diputada Lorena Pizarro (PC), como presidenta de la Comisión de DD.HH.
La legisladora comunista, apoyada por autoridades de gobierno, ha sostenido conversaciones con diputados que tienen su voto en suspenso. Por ejemplo, se reunió con René Alinco y Enrique Lee, y ha hecho gestos como poner en tabla el proyecto de autopréstamos. Además, ante una exigencia de la DC, tomó distancia de la querella contra Sergio Micco, exdirector del INDH.
