Reforma faculta al fiscal nacional designar a un persecutor que pueda realizar diligencias en todo el país y perseguir el crimen organizado. "Que la ciudadanía sepa que esta es una de las propuestas que están contempladas en la propuesta a plebiscitar”, dijo el senador Matías Walker (Demócratas), mientras que su par Francisco Chahuán (RN) indicó que era "una señal política”. El ministro de Justicia, Luis Cordero, sin embargo, llamó a no mezclar debates.
Este fin de año, la discusión tiene un contexto especial con el referéndum constituyente, que a juicio de algunos legisladores, inhibe acuerdos entre gobierno y oposición. Pese a ello, algunos proyectos de seguridad y la ley corta de Salud entrarán en una fase decisiva antes de los comicios.
Los ministros Luis Cordero y Álvaro Elizalde comenzaron las primeras tratativas con el objetivo de escoger al sucesor del contralor, quien culmina su mandato el próximo 16 de diciembre. Los abogados Nelly Salvo, Juan Carlos Ferrada y la misma subsecretaria Macarena Lobos son algunas cartas del oficialismo. No obstante, la última palabra la tiene la derecha.
El presidente de la comisión investigadora por el lío de platas públicas con fundaciones dice que el lunes resolverán la posible nueva citación al asesor presidencial. Si la instancia acuerda convocarlo por tercera vez, explica que en ningún caso aceptarán que venga solo a responder en calidad de exsubsecretario como planteó el gobierno.
La Sala también desestimó una solicitud de RN que denunciaba que sectores de izquierda con representación parlamentaria buscaron, mediante el fomento de la violencia, "despojar a un Presidente democráticamente electo de su cargo”. En tanto, se aprobó una resolución del Partido Republicano por la cual la Corporación "rechaza los actos de violencia" cometidos en el marco del estallido y pide al Presidente Boric abstenerse de realizar más indultos.
A partir de las 19:30 hasta las 21 horas está convocada una sesión especial para “condenar el estallido delictual ocurrido el 18 de octubre del año 2019″. Sin embargo, factores de contingencia atentaban en contra del ánimo de la UDI de colocar un tema candente de discusión política.
En los casos en que las usurpaciones incurran en violencia o engaños, en el gobierno y en el oficialismo mayoritariamente están de acuerdo de que existan penas de cárcel. Sin embargo, para asegurar el respaldo de las bancadas de izquierda, el Ejecutivo propondrá una redacción para que la norma señale que puede haber penas desde una multa hasta presidio, lo que deja en manos del juez decidir la sanción, caso a caso.
Según quienes han participado de las tratativas, el principal nudo es el catálogo de penas. Actualmente el Código Penal sólo contempla multas para quienes ejecuten tomas de inmuebles, aspecto que el proyecto pretende cambiar. La senadora Claudia Pascual (PC) agregó que esperan que “esta legislación no termine criminalizando a dirigentes sociales y con todos ellos presos”.
“La usurpación es un delito que ya está tipificado en el Código Penal", remarcó el jefe de bancada de los diputados comunistas, Luis Cuello, quien se declaró contrario al alza de penas de cárcel y a la legítima defensa privilegiada. La Moneda tiene plazo hasta el próximo viernes 29 para enviar sus observaciones para corregir la iniciativa.
El Servicio Electoral alertó que iniciativa afectaría el interés de despersonalizar la política para favorecer la identificación con programas o partidos. La moción impulsada por la PPD Carolina Marzán es apoyada por diputados de la UDI al PC. El objetivo es facilitar el ejercicio de derechos políticos de personas neurodivergentes y con alguna dificultad para leer.
La Moneda tiene plazo hasta el próximo viernes 29 para enviar un veto que cambie la iniciativa. Sin embargo, la intención del Ejecutivo de reemplazar todo el texto aprobado en el Congreso, generó una ola de críticas desde la DC hasta la derecha. Ante el riesgo de que se cayera la ley, el gobierno y la oposición instalaron una mesa técnica para concordar posibles enmiendas dentro de los próximos siete días.
Algunas de estas nominaciones están pendientes desde el año pasado, como es el caso de dos cupos para el Tribunal Constitucional. Actualmente hay seis cargos en distintos órganos del Estado que no se han llenado por falta de acuerdo. Este año se sumarán otras cinco designaciones, entre ellas la del nuevo contralor.
"La actitud oficial de la Democracia Cristiana fue complaciente con el Golpe y en los primeros meses siguientes", dijo el presidente falangista el lunes pasado. Si bien hubo pocas figuras del partido que salieron a fustigar en público la declaración, internamente el ambiente quedó tensionado. Las otras críticas vinieron especialmente de exmilitantes.
La corporación hizo este lunes un homenaje a Salvador Allende, que terminó en forma abrupta y con incidentes luego de que la bancada UDI hiciera uso de la palabra para criticar al fallecido Mandatario.
A juicio del diputado socialista, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el descuelgue de la izquierda es una falta de compromiso "grave", y asegura que había un acuerdo para apoyar las indicaciones del Ejecutivo, lo que no se cumplió.
