A diferencia de su par Giorgio Jackson -cuya cabeza varias veces se ha pedido-, la ministra vocera logra zafar el blanco de críticas públicas. Pero el panorama no es el mismo puertas adentro, ya que en el gabinete han reclamado demasiado personalismo en su gestión.
Las secretarias de Estado fueron emplazas en la Comisión de Constitución del Senado por la creación de la iniciativa impulsada por el gobierno, relacionada al fenómeno de la desinformación y las noticias falsas.
La ministra vocera de gobierno, abordó la acusación constitucional que enfrentó el ministro de Educación y valoró el apoyo de los parlamentarios de Evópoli que votaron contra el libelo acusatorio.
Vocera señaló que están enfrentando los casos de presunta corrupción con "un estándar" que implica investigaciones de carácter administrativo, colaboración con la justicia, definición de responsabilidades políticas y "propuestas para mejorar”.
La ministra del Interior resaltó que “es bastante reiterada la conclusión respecto a la naturaleza de esta acusación”. Mientras que la vocera de gobierno insistió en que la acusación contra el ministro de Educación “está claramente inspirada en la homofobia y la discriminación”.
"Las evaluaciones de los equipos del Presidente, ministeriales, sus cercanos, son evaluaciones que le corresponden a él", recalcó la vocera del Ejecutivo.
La vocera del Ejecutivo indicó que los antecedentes se conocieron a nivel regional y la exsubsecretaria Tatiana Rojas no les notificó. "Ahí hay ciertos días de desfase, pero apenas llega esta información al nivel central, al ministro, al Presidente de la República, se toman las acciones correspondientes”, aseguró. La ministra recalcó que "es obvio que el Presidente no se entera el mismo día que entra un oficio".
La vocera de Gobierno presentó el proyecto y sus objetivos ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, instancia en la que, junto a su par de Ciencia, explicó que el grupo de expertos va a asesorar en materia de políticas públicas.
El martes se conoció que el timonel de RD, Juan Ignacio Latorre, fue alertado 10 días antes de que estallara el caso.
Así lo dio a conocer la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que el organismo tendrá un plazo de 45 días para trabajar.
Vallejo reiteró en que el caso ha "preocupado y ocupado al gobierno", y que la polémica "no afecta la efectividad" del trabajo de Giorgio Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social.
La vocera de gobierno afirmó que "en un Estado de derecho es la justicia la que tiene que investigar" y que la diputada Pérez tiene derecho a "una legítima defensa". Adicionalmente, detalló algunos aspectos de la comisión asesora contra la desinformación.
La vocera de gobierno señaló además que “no solo para Revolución Democrática, sino que para el gobierno, esto ha sido una especial preocupación, esto efectivamente no son cosas que deseamos que pasen”.
Si bien la salida de la subsecretaria de Vivienda descomprimió el caso, el panorama no está completamente despejado para el ministro, quien no denunció inmediatamente a la fiscalía los hechos que podían ser constitutivos de delito. La oposición aún evalúa su arremetida política y, por ahora, sólo habría piso en la derecha para una interpelación.
El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, señaló que desde el gobierno esperan poder entregarlo desde el próximo lunes.
