La vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó que "no podemos actuar de cierta manera cuando se trata de casos del sector de al frente y de otra manera cuando se trata del sector propio".
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El 12 de mayo entró a Teatinos 56 el documento original, firmado por la vocera Camila Vallejo y la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry. Allí se señalaba que era necesario contar con la asesoría de expertos que "participen del análisis, evaluación del fenómeno global de la desinformación, su manifestación a nivel local en Chile y su impacto en los procesos democráticos". Seis días después, retiraron el documento para hacer correcciones, a solicitud del ente contralor, dado que había algunos puntos poco precisos y no tan claros, en términos de roles y funciones. Finalmente, se toma razón el 8 de junio.
En la primera entrevista en que aborda el tema, la secretaria de Estado defiende la iniciativa del gobierno y asegura que no se trata de un organismo que busque controlar a los medios de comunicación ni horadar la libertad de expresión.
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La vocera de gobierno señaló que en el Ejecutivo “nos interesa que cuanto antes esto se pueda aclarar, porque además tenemos harto trabajo que hacer y estas cosas obviamente no contribuyen en nada”.
"El Presidente (Boric) cuando señala que no hay más espacio a errores, es justamente un llamado a ser más rigurosos y rigurosas siempre en este tipo de trabajo, independientemente del caso de salud”, expresó la vocera de gobierno.
La vocera de gobierno señaló que una vez resuelto el "pacto fiscal" por la reforma tributaria, se presentará ante el Congreso un "instrumento especial, autocontenido”, sobre cómo “ir resolviendo la deuda del CAE, y al mismo tiempo, buscar un mecanismo de financiamiento de la educación superior".
La secretaria de Estado señaló que "sacar las 40 horas adelante fue también gracias a los trabajadores, empresarios, parlamentarios. El royalty minero también es un legado que empezamos a generar como país entre todos".
"Hay mucha gente que no logra valorar lo que es la democracia, porque no la ha perdido, pero cuando se pierde la democracia, cuando se rompe con la democracia, cuando se violan los derechos humanos todos podemos salir dañados", sostuvo la secretaria de Estado.
“Está bien que se puedan usar, es legítimo que los parlamentarios quieran hacer uso de esas herramientas de fiscalización, pero la ciudadanía exige un mínimo de rigurosidad, profesionalismo, un mínimo de estándar para presentar estas acusaciones”, afirmó la vocera.
El monto irá aumentando progresivamente hasta julio de 2024, para llegar a los $500 mil.
Este lunes la ministra Vallejo enfatizó que, a diferencia del año pasado, este 1 de junio, el Presidente Boric exhibirá los "avances significativos" de los 15 meses que llevan en el Ejecutivo. Tras el comité político ampliado, entre los partidos del oficialismo coincidieron con la secretaria de Estado, sin embargo, en el PPD surgieron opiniones críticas.
La secretaria de Estado también recalcó la aprobación del royalty minero "algo que se viene demandando hace mucho tiempo y que por primera vez se va a poder concretar", señaló.
