La Cancillería venezolana solicitó el cierre de las oficinas consulares de Caracas y Puerto Ordaz.
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El subsecretario del Interior dijo que desde el Ejecutivo lamentan la decisión del régimen de Nicolás Maduro, "porque esto perjudica a los nacionales, pero también perjudica a los ciudadanos venezolanos que viven en Chile".
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que las oficinas ubicadas en Caracas y Puerto Ordaz se mantendrán "sin atención al público".
Según señaló la autoridad venezolana, mientras el Gobierno chileno "no asuma un papel digno y de respeto a nuestro país, no habrá ninguna relación posible”.
"Los delincuentes chilenos han abusado de la Visa Waiver de manera insoportable", señaló el otrora representante diplomático en Estados Unidos.
El comunicado también apunta a que "los responsables de las graves violaciones al derecho internacional humanitario cometidas en el contexto de este conflicto, no queden en la impunidad".
El ente fiscalizador solicitó un informe a Cancillería para poder resolver una solicitud para que Contraloría se refiera jurídicamente a si correspondía que el exembajador recibiera su sueldo a pesar de haber sido expulsado de Venezuela. La misma denuncia pide que la Contraloría determine si Jaime Gazmuri (PS) debe reintegrar los recursos que recibió durante esos cinco meses.
La Suprema negó pedir su extradición y desde Cancillería apuntan a que al haberse ya pronunciado el Poder Judicial, no les cabe nada más que hacer en el caso. La situación recuerda lo ocurrido el 2009 cuando el mismo abogado defensor, Alberto Espinoza, consiguió anular la orden de captura de "El Chele".
“Les pediría que no exijan que haga público a la estrategia”, dijo a la prensa este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores panameño Javier Martínez-Acha, luego de la reunión del presidente de ese país, José Raúl Mulino, con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.
Desde el Ejecutivo transmiten que la decisión no incluye "retirar a las personas que todavía están cumpliendo tareas para mantener los funcionamientos básicos del Consulado”.
Desde la cancillería venezolana afirmaron que la “decrépita administración de Biden, derrotada y en retirada, recurre nuevamente a las estrategias de intervención, tratando de inflar artificialmente figuras políticas insignificantes en Venezuela, mientras ignora la clara voluntad de nuestro pueblo”.
El documento fue respaldado por exautoridades de 10 naciones latinoamericanas, entre ellas Chile, contando con las firmas de José Miguel Insulza, Ignacio Walker, Mariano Fernández, Alejandro Foxley, Alfredo Moreno y Heraldo Muñoz.
Ernesto Muñoz afirmó que hubo un periodo de preparación desde abril con la Cancillería de Estados Unidos.
“Evocar el Estatuto de Roma, claramente desconocido por ellos, para alimentar su obsesión política enferma, es una muestra no solo de ignorancia, sino de una escandalosa falta de seriedad”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores venezolano Yván Gil, luego que el gobierno trasandino denunciara el caso ante la Corte Penal Internacional.
