El ministro de Justicia, Luis Cordero, aclaró que la situación está controlado y que tras el incidente Gendarmería ha aumentado las medidas de seguridad, como limitar el movimiento de los reclusos.
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La medida, como explica el subsecretario de Justicia, es "excepcional" y responde a que un grupo de internos no ha depuesto un accionar refractario. “El objetivo que ellos tienen es inhabilitar esta cárcel para ser trasladados a cárceles con menores medidas de seguridad y eso no lo vamos a permitir”, dijo.
Entre otras cosas, los funcionarios advirtieron que los vidrios están rotos, las manillas de las duchas están inutilizables, que reclusos dañaron las estructuras de lavamanos para construir elementos contundentes, y que celdas se mantienen inundadas. Por lo mismo, pidieron la comparecencia del diputado Cristián Araya, quien ofició al Ministerio de Justicia.
La parlamentaria del Partido de la Gente destacó que la ubicación geográfica de la isla, distanciada del continente, minimiza el riesgo de fugas o intentos de escape.
Tras la determinación, un juez de garantía deberá fijar una audiencia a fin de debatir las condiciones en que se encuentra el imputado y ahí “revisar si ellas se ajustan a su clasificación, si persiste la necesidad de segmentación y, en su caso, se adopten las medidas en resguardo al derecho a visitas que le asiste”.
Son 59 los reos que permanecen en el recinto penitenciario, donde son vigilados por 387 cámaras. El régimen de visitas fue cuestionado por el juez Urrutia, lo que abrió una discusión de fondo que se resolverá en la corte, la próxima semana.
El tribunal de alzada resolvió dar curso a la apelación de Gendarmería, mientras resuelve el fondo de la alegación.
Según funcionarios penitenciarios, varias celdas y pasillos del penal -que fue remodelado y abierto nuevamente a fines de marzo-, permanecen inundados, lo que impide fijar condiciones mínimas de habitabilidad para los internos. Desde Gendarmería, en todo caso, manifestaron que se trata de un hecho "aislado" que no afecta a la totalidad del penal y que "se están llevando adelante las reparaciones necesarias".
En la misiva, Rodrigo Díaz cuestiona el traslado del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a la cárcel El Manzano 2 de Concepción, al afirmar que su presencia pone en riesgo a los habitantes de la capital regional, además de constituir un "peligro inminente de desórdenes" al interior del penal.
Rodrigo Díaz y Luciano Rivas le mostraron preocupados por lo que podría ocurrir en sus regiones a raíz de la captura del líder de la CAM, quien pasará a control de detención este jueves en Temuco.
Al prohibirle contactarse con sus familias a través de videollamadas (que reemplazaron a las visitas durante la pandemia), se han registrado desórdenes y más de 70 internos de la Sección de Máxima Seguridad se sumaron a las protestas. La determinación fue tomada por Gendarmería cuatro días después de la entrevista -vía celular- que dio a La Red el exjefe operativo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena. Según la entidad penitenciaria, la medida se debe a que "se ha detectado que algunos privados de libertad han realizado un mal uso de los equipos celulares" y que -en todo caso- se mantiene el contacto con familiares a través de llamadas comunes.
Mauricio Hernández, condenado por el crimen de Jaime Guzmán, está preso en la Cárcel de Alta Seguridad desde su extradición desde Brasil. Gendamería descubrió al funcionario que lo iba a vigilar con elementos prohibidos. Se inició un sumario para determinar responsabilidades.
Por poco más de dos meses y en total hermetismo, el Gobierno preparó el retorno de Mauricio Hernández Norambuena. Aquí los detalles de la operación.
La Cárcel de Alta Seguridad es el mismo penal del cual Mauricio Hernández Norambuena se fugó, junto a tres frentistas, en un helicóptero en 1996.
La pareja del "comandante Emilio" llegó alrededor de las 19.00 horas de ayer a Santiago, donde fue interroga por el ministro Mario Carroza.
