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Con la ausencia de cinco senadores -entre ellos la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic-, las autoridades del PS sostuvieron una cena que no pudo resolver las diferencias entre los diputados y los representantes de la Cámara Alta que han optado por un tono más crítico por la gestión del gobierno en el lío de platas. Uno de los protagonistas de la crisis, Carlos Montes, recibió un nuevo espaldarazo, en medio de la nueva acusación constitucional que anunció la derecha en contra de Giorgio Jackson.

El ministro de la Segpres aseguró que se trató de una decisión técnica adoptada por la auditora general de gobierno, y “no de quien me antecedió en el cargo”, dijo en referencia a Giorgio Jackson.

El ministro de Vivienda, quien ya había tenido que rectificar sus dichos sobre el organismo dependiente de la Segpres, en torno a que “podría haberse sabido más tempranamente” el lío de platas, ahora dijo que “los informes del consejo no son lo más completo y por lo tanto no se conocen las especificidades de los proyectos”.

El titular de Vivienda emitió el sábado una opinión que contradijo la salida comunicacional previa del organismo dependiente de la Segpres, lo que tuvo que salir a aclarar este domingo. El episodio, además, provocó que varios secretarios de Estado tuvieran que salir a explicar sus dichos.

Pese a sus declaraciones pasadas, en torno a que “podría haberse sabido más tempranamente” el lío de platas entre las fundaciones y reparticiones del gobierno si no hubiera existido el cese de reportes de transferencias en 2022 por el Consejo de Auditoría. El titular de Vivienda dijo que "me referí en términos generales al rol que considero debe cumplir y de ahí la importancia de fortalecer esta institucionalidad para contar con herramientas más robustas de control interno".

Además, el ministro de Vivienda y Urbanismo, expresó que el fundador de Democracia Viva "está en un proceso de investigación tanto de la Contraloría como del Ministerio Público y ahí tendrá la oportunidad de fundamentar lo que diga".

La resolución de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo señala que no procede la suspensión del reintegro de los $391 millones que fueron traspasados en los convenios a la entidad privada. Al respecto, el ministro de la cartera, Carlos Montes, dijo que el objetivo es “combatir cualquier tipo de acto que represente corrupción y para eso está la agenda de modernización y probidad".

"Si bien no tienen bienes embargables, sí tenían una cuenta corriente y en la cuenta corriente había 294 millones. Eso ya se ha embargado", destacó el titular del Minvu. Cartera presentó una Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia.

Desde la bancada de diputados buscan responsabilizar al ministro por las faltas administrativas de las unidades dependientes del Ministerio de Vivienda. Dependiendo de lo que diga el órgano contralor, los diputados podrían impulsar un libelo.

El titular de Vivienda señaló que en el caso de su cartera están "redefiniendo los distintos aspectos donde tiene mayor debilidad porque el sistema tiene debilidades en la forma de seleccionar a las empresas”.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que están ante un "problema estructural" que dificulta la eventual devolución de dineros ante irregularidades. Explicó que originalmente las transferencias eran realizadas a los municipios y que cuando el modelo se amplió se siguió utilizando la misma fórmula "por inercia" y que están trabajando por la vía legal para solucionar la no exigencia de estos documentos.

Ministro de Justicia dijo que fue su par de Vivienda, Carlos Montes, quien el 4 y 5 de julio informó al Senado y a la Cámara que no existían dichos documentos en los convenios con fundaciones, y que el 14 de este mes solicitó la medida precautoria al Consejo de Defensa del Estado.

Esto luego de que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reuniera con el comité ejecutivo de la CPC para discutir el tema del financiamiento, instancia en la cual Montes señaló que “los bancos no están prestando a las constructoras lo que necesitan”.

Este martes, al término de un encuentro con los representantes del gran empresariado, el ministro de Vivienda puntualizó que "hay problemas serios de financiamiento", pero añadió que "no hubo algún compromiso de la banca en relación a si habrá una flexibilidad en los préstamos".

“El tema pensiones es demasiado urgente para muchas familias. No interrumpamos la conversación, mientras las instituciones hacen las investigaciones que corresponden", manifestó el titular de Vivienda y Urbanismo.