Ángel Valencia, quien encabeza el Ministerio Público, dijo que la disposición de los fiscales en este caso “es hacer lo que tengan que hacer, caiga quien caiga”, y que su interés es “llegar lo más arriba, a quienes pudieron haber urdido un mecanismo, si es que ese mecanismo existió”. En tanto, titular de Desarrollo Social aseguró que "no hay ningún antecedente que nos vincule a nosotros como ministros”.
La orden se da tras un requerimiento presentado por la bancada de diputados de Renovación Nacional, quienes también solicitaron que a dichos funcionarios se les imposibilite "ejercer labores en la Administración del Estado”, criticando la existencia de una "lógica de impunidad administrativa instalada por esta administración, donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones".
La presidenta del Partido Socialista, además, defendió la gestión de Carlos Montes (PS), señalando que no sabe "en qué podría ayudar sacar al ministro que está precisamente conduciendo la entrega de la documentación, de las investigaciones, que ha hecho valer las responsabilidades respecto de los seremi que han aparecido involucrados hasta ahora".
Además, la timonel del partido criticó a la oposición por pedir las renuncias de Montes y Jackson, señalando que "aquí nadie puede venir a pedir cabezas de nadie, no corresponde”.
La presidenta del Partido Socialista calificó el caso como una "crisis de bastante envergadura" y respaldo al titular de Vivienda, recalcando que está trabajando para salir del problema en medio de las peticiones de renuncia.
Espero que no haya más casos, espero que esto haya sido algo más focalizado, pero no tengo elementos como para decirlo”, señaló el titular del Minvu.
Aunque en 2016 se abrió la puerta para que organismos privados reciban fondos para trabajar en asentamientos precarios, fue en 2022 cuando los montos a repartir suben en un 93%. El gran aumento de fondos produjo la llegada de fundaciones dedicadas a temas culturales y políticos a trabajar en áreas en las que no tenían mayor experiencia. Este es el origen del método que terminó usando Democracia Viva para recibir los polémicos $ 426 millones en Antofagasta.
Rodrigo Hernández firmó una autorización a Urbanismo Social sin asumir su inhabilidad. El militante RD había sido asesor jurídico de la ONG que luego fue beneficiada con contratos con el Minvu en Antofagasta y en la región en que él era seremi.
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No es primera vez que el titular de Vivienda señala que no dejará su cargo, todo en medio del lío de platas entre la fundación Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta.
Esto, tras una sesión especial de la sala del Senado, convocada para tratar los traspasos de recursos fiscales a las fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales durante el actual gobierno.
El jefe de la cuestionada cartera reveló este nuevo antecedente en sesión de este miércoles de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.
El titular de Vivienda aseguró también que no se han intentado "atribuir responsabilidades a gobiernos anteriores, sino que hay un sistema desde hace bastantes años, que es la delegación de facultades, que viene del año 2019″.
En medio de la amenaza de una posible acusación constitucional en su contra, el titular de Vivienda intentó aclarar sus dichos a sus antecesores de la administración pasada. Esto, luego de que señalara, a raíz de la investigación de los convenios suscritos por la cartera, que “todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior”. La Secom, por su parte, hizo lo propio y envió un mensaje al oficialismo: "Su exposición apuntó precisamente a no buscar culpables en un gobierno".
"Uno entra a dudar de que si el gobierno lo que busca es parar o tirar la pelota para el córner”, sostuvo el extitular del Minvu.
