A la iniciativa republicana se sumaron los RN José Miguel Castro, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, además de Leonidas Romero (ind. RN). Los antecedentes serán evaluados por un equipo de Ideas Republicanas y del comité de dicha tienda.
Etiqueta: Carlos Montes
En las últimas horas, y luego de que surgieran nuevos antecedentes que involucran a otras fundaciones que han recibido traspasos de dinero desde el Minvu y Desarrollo Social, en la derecha optaron por escalar la ofensiva y apuntar al ministro Giorgio Jackson. Mientras, en el Partido Republicano definieron reunir antecedentes para una acusación constitucional en contra de ambos secretarios de Estado.
El PS ya notificó al gobierno que el ministro de Vivienda no puede pagar los platos rotos de un presunto caso de corrupción cuya hebra original está vinculada a Revolución Democrática. Por lo mismo, algunos en el Socialismo Democrático sostienen que, de darse ese escenario, sería insostenible que el Presidente mantuviera en el gabinete al ministro de Desarrollo Social. Mientras en la derecha la ofensiva para ir tras el amigo personal del Mandatario solo crece, Montes suma nuevas declaraciones que lo indisponen con ese sector.
A partir del caso de Democracia Viva, las autoridades se han volcado a fiscalizar algunos casos, y el equipo que trabaja junto al ministro Montes está dirigido por la abogada Carmen Gloria Barrera, contralora interna de la repartición, y Vania Navarro, jefa de la División de Finanzas.
El ministro señaló que se trató de una indagatoria que recién se está "conociendo ahora, porque era una auditoría, interna, administrativa, privada de la región y la verdad que da muchas luces de todos los problemas que hay”.
Esta semana será crucial para el futuro político del ministro, quien deberá comparecer ante una seguidilla de instancias parlamentarias para dar nuevas explicaciones. Hoy el Senado acordó realizar una sesión especial el miércoles para abordar la crisis política por el financiamiento de fundaciones ligadas al oficialismo, mientras que desde la derecha -hasta ahora, reticente a tomar medidas duras en su contra- ya hay voces que plantean una acusación.
Los diputados socialistas hicieron un llamado a la oposición a “abordar la corrupción con seriedad”. Además, respaldaron la gestión de Montes, apuntando a que “está asumiendo con mucha firmeza esta situación, desde el primer minuto el ministro ha manifestado con absoluta templanza la necesidad de poder realizar una investigación”.
“Yo tengo una misión en el gobierno, el Presidente me ha dado objetivos, tareas y desafíos", señaló el titular del Minvu.
Los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri se reunieron con el ministro de Justicia para solicitar el financiamiento al proyecto de ley, y en un punto de prensa posterior, respaldaron al ministro de Vivienda y su labor en el marco del caso Democracia Viva.
El senador gremialista acusó que el titular de Vivienda era "el responsable de cada una de las decisiones que se toman en su ministerio".
El ministro de Vivienda informó este domingo que abrió una nueva investigación en la cartera para esclarecer una información que no coincide: la fecha en que el seremi Rodrigo Hernández (RD) "solicitó inhabilitarse y el período en que se tomaron las decisiones". Días antes, el Presidente había defendido a la autoridad regional, lo que despertó críticas en el oficialismo y en la oposición.
Esto, luego de que el Presidente Boric blindara días antes a la delegada del Biobío, Daniela Dresdner, y al mismo seremi Vivienda de la región, Rodrigo Hernández, quien también militante de RD.
En medio de la presentación de la nueva subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, el ministro Carlos Montes, aseguró que están "investigando y reuniendo antecedentes preliminares en el caso de Maule y ahora en el caso de Atacama. A partir de todo esto, vamos tomando y proponiendo decisiones".
A la fecha, la administradora pública se desempeñaba como administradora regional del Gobierno Regional de Santiago y directora de Metro.
El aún representante legal de la fundación -y expareja de la diputada Catalina Pérez- solicitó, a través de un correo electrónico, desahuciar los contratos que alcanzan 426 millones y que firmó con el Serviu de Antofagasta, los que provocaron que se abriera una investigación en la fiscalía y se desatara una crisis de proporciones en Revolución Democrática y el propio gobierno.
