El exministro del Interior, vinculado a la causa que derivó en la prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla, la mañana de este sábado llegó a emitir su sufragio en la comuna de Vitacura.
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En el marco de la instancia anual de trabajo, la magistrada que lidera la creación de un código de ética para el Poder Judicial expuso la tarde de este jueves ante el Pleno.
La defensa de la exautoridad del Ministerio del Interior acusa que el Ministerio Público ha contravenido ciertas normas constitucionales y del Código Procesal Penal, entre las que se encuentran las de protección de los derechos del imputado, las autorizaciones judiciales y la inviolabilidad de las formas de comunicación privada.
"Si surgen nuevos antecedentes de quien sea, de la que habla, del presidente o de cualquier ministro, bueno, se adoptarán las medidas y se seguirá con los procedimientos que correspondan”, afirmó.
Timonel del máximo tribunal reconoció impacto emocional e institucional de las destituciones de Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.
“Yo hice un compromiso que voy a cumplir, creo que 10 días más, por ahí, de hacer públicos todos los contactos que tenía Lucho con fiscales”, sostuvo en declaraciones a CNN. “No voy a tener todo, pero ya tengo seleccionado un buen lote como para poder hacerlo”, agregó.
El abogado, que se encuentra en prisión preventiva, expone que los persecutores se comprometieron a resguardar la información del teléfono que le fue incautado, por lo que solicita que se entregue un listado y se cite a declarar a los funcionarios que han tenido acceso a sus conversaciones en el Ministerio Público. Incluso, pide que se entreguen los registros de visitas de las dependencias de la Fiscalía.
El fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía de Las Condes, ofició a la CMF, replicando una diligencia solicitada por Luis Flores, ex gerente de STF. El organismo deberá responder si los funcionarios de la Unidad de Investigación que supieron en julio de 2023, cuatro meses de su difusión, sobre la existencia del audio de Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, lo comunicaron o no al Consejo que preside Solange Berstein.
"La Fiscalía no está en crisis". Esa fue la frase que, en voz del persecutor regional de La Araucanía, Roberto Garrido, cerró una de las semanas más complejas para el fiscal nacional Ángel Valencia. Pese a que el jefe del organismo logró un exitoso espaldarazo del consejo general, los cuestionamientos abundan. De fondo habita una compleja convivencia entre distintas facciones internas que explican, en parte, las aguas revueltas en la institución que lleva adelante el caso de corrupción más complejo de la última década.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
La ONG, además, expresó que el proceso actual mantiene “la misma opacidad y nula participación ciudadana” y recomendó cuatro medidas para considerar.
En la acción judicial presentada por Manuel Guerra, el expersecutor afirma que los chats divulgados en un medio de prensa estaban a resguardo del Ministerio Público y debían ser reservados. Por lo mismo, pide que se interrogue a los funcionarios que han tenido contacto con el teléfono de Luis Hermosilla y el propio, con el fin de determinar quién entregó las conversaciones al medio de comunicación.
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Luego de los desmarques de Raúl Leiva (PS) y Nelson Venegas (PS), además de otros PPD como Raúl Soto y Héctor Ulloa, en las bancadas del oficialismo y de la Democracia Cristiana, acusan que "las confianzas quedan resentidas" por la votación de estos diputados.
"Hay varias situaciones que nos tienen trabajando y muy enfocados en cuál es nuestra labor”, destacó Roberto Garrido, persecutor regional de La Araucanía, al finalizar el Consejo de Fiscales.
