El Séptimo Juzgado de Garantía también fijó para el mismo día la formalización de otros 11 imputados por presunto fraude de subvenciones en el marco de su campaña por la Gobernación Regional Metropolitana.
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El fiscal Milibor Bugueño solicitó ante 7° Juzgado de Garantía de Santiago acceder al detalle de los movimientos de ambas entidades ya que se observaros rendiciones por altos valores y sin el detalle suficiente. Además, en el caso de la fundación, se identificó que el administrador electoral de la excandidata a gore era a su vez tesorero a la ONG a la que le facturaron $ 120 millones por informes que, se sospecha, copiaron a la encuestadora Criteria. Directivos de la fundación, además, aparecen como boleteros sin haber realizado labores en la campaña, según testigos.
Como plantea el penalista Juan Carlos Manríquez, quienes señalan a su representada como responsable podrían tener otras motivaciones. “Yo les aseguro que si Karina Oliva hubiese sido elegida como gobernadora o senadora, esa gente no estaría diciendo lo que está diciendo. Es así de sencillo”, comentó.
David Castillo, según el último directorio informado por la fundación al Registro Civil, el cual fue notificado el 3 de octubre de 2020, cumplía roles como presidente del directorio del organismo.
