La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en un comunicado que la fiscal Patricia Benavides y su núcleo familiar se encuentran en riesgo debido al actual contexto de crisis institucional que vive ese país y por las investigaciones que lleva a cabo, tras la destitución del presidente Pedro Castillo.
El presidente de las zonas rurales de Santa Cruz, Ernesto Serrate, aseguró que continúan las vigilias pacíficas en las instituciones públicas hasta que el cabildo del 25 de enero determine qué medidas tomará en favor del líder opositor Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente por cargos de terrorismo.
El expresidente busca que el encuentro se concrete para "darles detalles de mi injusta prisión y persecución política".
Una de las sobrinas del exmandatario informó de la situación a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cumplen una misión especial en Perú. “Está delicado de salud, lo hablo por lo que he visto”, dijo Vilma Vásquez, quien denunció que los familiares de Castillo están sufriendo persecución, aunque no identificó a los autores.
En una carta que escribió desde la unidad policial donde se encuentra detenido en Lima, el destituido mandatario peruano manifestó que “sigue el atropello, la humillación y el mal trato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva". "Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por mis derechos y de los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”, demandó.
La canciller Antonia Urrejola, tras firmar el plan de acción junto al comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Chile, Joel Hernández, valoró la instalación del mecanismo.
La CIDH señaló que la conducta del régimen sandinista de Daniel Ortega coloca “en una situación de desprotección absoluta” e incrementa “la situación de riesgo” de las personas detenidas en protestas. La oposición nicaragüense y organismos humanitarios han cifrado en 219 los “presos políticos” que hay en el país centroamericano.
El gobierno salvadoreño ha justificado ante la CIDH que en el país se han registrado más de 116.000 muertes producto de la actividad criminal de las pandillas y de su ejercicio sistemático de la violencia. Desde que está aprobado el régimen de excepción, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad, 57.007 personas han sido detenidas, de las cuales, al menos 47.983 están bajo prisión preventiva.
En entrevista con La Tercera, el exsecretario ejecutivo de la CIDH afirma que las de hoy “son posiblemente las elecciones más polarizadas de la historia brasileña”.
Un informe dado a conocer este fin de semana, y firmado por la hoy canciller Antonia Urrejola, revela torturas y ejecuciones sumarias cometidas en 2009.
A 13 de años de presentado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el recurso de 1.403 personas afectadas quienes acusan que el Estado de Chile violó una serie de derechos humanos en la entrega de las casas que comenzaron a lloverse en el invierno de 1997. El Estado, por su parte, argumenta que las personas afectadas ya fueron reparadas en tribunales nacionales.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a Chile, durante la cual sostuvo reuniones con el Presidente Gabriel Boric, senadores y diputados, entre otras autoridades. Hernández habló con La Tercera para referirse a los avances en la materia este último año.
A 10 años del fallo de la CIDH que condenó al Estado chileno luego que se probara que la Corte Suprema actuó de forma discriminadora al quitarle la tuición de sus hijas por su orientación sexual, la jueza repasa los hitos que han impulsado, tras la sentencia, leyes a favor de las disidencias en Chile. Sobre ideas de la Convención como el obligar a los magistrados a fallar con perspectiva de género cree que no es necesario explicitarlo en la nueva Constitución, porque los jueces ya lo hacen.
El documento hace énfasis en patrones de violencia y uso excesivo de la fuerza, que resultaron en la pérdida de cinco vidas por acción directa de agentes del Estado, y 26 en el marco de las protestas, así como cientos de heridos, en particular con lesiones oculares.
En tanto, la actual presidenta de la Comisión Interamericana de DD.HH., Antonia Urrejola, no fue reelecta. Pérez es doctora en Derecho por la Universidad de Valparaíso, Doctora Honoris Causa por la California Western School of Law y Magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se ha enfocado particularmente en mujeres y niñas privadas de libertad.
