Con gran parte de la oposición tras las rejas, cada día son más los nicaragüenses que deciden salir del país buscando una mejor vida ante la crisis económica, que se podría profundizar en los próximos meses debido a posibles nuevas sanciones internacionales.
En entrevista con La Tercera, la presidenta de la Comisión Interamericana de DD.HH. se refiere a los comicios de hoy en ese país, donde Daniel Ortega busca una nueva reelección.
El organismo manifestó que los comicios presidenciales nicaragüenses ocurren en un “clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”. El gobierno de Ortega, al rechazar el informe de la CIDH manifestó que “no es sino una insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad de nuestro país y cuyo único fin es difamar al Estado”.
En noviembre próximo, tanto la comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos renuevan algunos de sus cargos. En ambas instancias el Estado chileno se jugará sus cartas de la mano de la actual presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y de la exministra de Justicia de Sebastián Piñera, Patricia Pérez. El nudo: mientras la exsecretaria de Estado ha sido priorizada por la Cancillería, la comisionada -que llegó a integrar la instancia durante el gobierno de Michelle Bachelet- tendría dificultades para reelegirse. Fuentes diplomáticas aseguran que el gobierno no estaría apoyándola con la misma decisión en las negociaciones ante los otros países de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El magistrado presentó un escrito en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionando a la abogada integrante de la Corte Suprema, Leonor Etcheberry. A su juicio, ella debió haberse inhabilitado del caso.
El reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado boliviano, y en algunos casos, tanto a la administración de Evo Morales como al gobierno interino de Jeanine Áñez.
De no dar cumplimiento al proceso, el caso podría emitir un informe e incluso llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En un comunicado, la CIDH recopiló la información en torno a estas movilizaciones y llamó al régimen castrista a cumplir con el Derecho Internacional así como reiteró su posición de poner fin al bloqueo de Estados Unidos sobre la isla, subrayando "que los derechos humanos se ven afectados como consecuencia del mismo”.
La abogada chilena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conversó con La Tercera sobre su visita a Colombia para evaluar las denuncias de uso excesivo de la fuerza en las protestas, así como la grave crisis que enfrenta Nicaragua.
La llegada de los representantes del organismo fue el día domingo -dos días antes de lo anunciado- y coincidió con la publicación de un plan del gobierno para reformar la policía. Este martes comienzan a aplicar la agenda establecida.
Los expertos del organismo se reunirán con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios.
Este lunes 31 de mayo y el martes 1 de junio se realizarán las audiencias en que 848 docentes buscarán que el organismo internacional le ordene al Estado chileno pagar más de US$72 millones que son reclamados por los profesores cuando pasaron del sistema de previsión antiguo al municipal actual, perdiendo así sus bonos. Al menos el 20% de quienes emprendieron estas acciones, hace ya más de 27 años, han muerto en espera de las reparaciones. El sistema internacional tiene ahora la última palabra.
La abogada chilena, que asumió la semana pasada la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advierte que las iniciativas que toman los Estados y que afectan los derechos y libertades de las personas a causa de la pandemia deben tener un sustento científico que las justifique.
La delegación llegará a Lima el próximo domingo 29 de noviembre y se quedará hasta el 2 de diciembre.
Por otro lado, Unicef Chile también se refirió a la situación y agregó que, "ninguna situación justifica que Carabineros haga uso de armas de fuego para contener incidentes que involucran a menores de edad, especialmente si se encuentran bajo la protección del Estado”.
