En un comunicado, la CIDH recopiló la información en torno a estas movilizaciones y llamó al régimen castrista a cumplir con el Derecho Internacional así como reiteró su posición de poner fin al bloqueo de Estados Unidos sobre la isla, subrayando "que los derechos humanos se ven afectados como consecuencia del mismo”.
La abogada chilena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conversó con La Tercera sobre su visita a Colombia para evaluar las denuncias de uso excesivo de la fuerza en las protestas, así como la grave crisis que enfrenta Nicaragua.
La llegada de los representantes del organismo fue el día domingo -dos días antes de lo anunciado- y coincidió con la publicación de un plan del gobierno para reformar la policía. Este martes comienzan a aplicar la agenda establecida.
Los expertos del organismo se reunirán con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios.
Este lunes 31 de mayo y el martes 1 de junio se realizarán las audiencias en que 848 docentes buscarán que el organismo internacional le ordene al Estado chileno pagar más de US$72 millones que son reclamados por los profesores cuando pasaron del sistema de previsión antiguo al municipal actual, perdiendo así sus bonos. Al menos el 20% de quienes emprendieron estas acciones, hace ya más de 27 años, han muerto en espera de las reparaciones. El sistema internacional tiene ahora la última palabra.
La abogada chilena, que asumió la semana pasada la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advierte que las iniciativas que toman los Estados y que afectan los derechos y libertades de las personas a causa de la pandemia deben tener un sustento científico que las justifique.
La delegación llegará a Lima el próximo domingo 29 de noviembre y se quedará hasta el 2 de diciembre.
Por otro lado, Unicef Chile también se refirió a la situación y agregó que, "ninguna situación justifica que Carabineros haga uso de armas de fuego para contener incidentes que involucran a menores de edad, especialmente si se encuentran bajo la protección del Estado”.
El próximo 23 de noviembre cinco expertos visitarán el país vecino para indagar los decesos producidos durante los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que a contar del 25 de septiembre iniciará el proceso para elegir al sucesor del abogado brasileño. De manera interina asumirá el cargo María Claudia Pulido.
El secretario de Estado aseguró que "los planes y medidas, que hemos adoptado de manera urgente, de prevención y cuidado de la salud de este sector de la población (menores y privados de libertad), coinciden con la línea recomendada por esta Comisión”.
El lunes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -en su segunda visita desde el estallido social- se reunió con el Presidente Piñera. En el marco de este encuentro, el canciller Teodoro Ribera emplazó al organismo a no involucrase en asuntos internos del país.
La administración de Jeanine Áñez sustenta que las muertes no son atribuibles al ejército y la policía, que reprimieron esos días las protestas. Por su parte, el organismo criticó además un decreto que pretendía eximir de responsabilidad penal a los militares que participaron en operativos para restablecer el orden interno.
La cartera que encabeza Hernán Larraín sostuvo que el gobierno "comparte la preocupación" del organismo internacional, asegurando que "que se trata de situaciones que lamentamos profundamente, pues nuestro compromiso ha sido y es que las fuerzas de orden y seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido encomendado para resguardar la seguridad y el orden público, respetando siempre los derechos humanos de todas las personas".
El ministro Teodoro Ribera aterrizó ayer en Tokio, donde se reunió con siete CEOs de firmas que invierten en Chile. Además, sostendrá encuentros con sus pares de Francia, Alemania y Reino Unido, entre otros. El objetivo es dar señales de "tranquilidad", transmitir que las instituciones están funcionando y comunicar las medidas que se han implementado para resguardar los DD.HH., un tema que se ha transformado en un problema creciente para el gobierno.
