La administración de Jeanine Áñez sustenta que las muertes no son atribuibles al ejército y la policía, que reprimieron esos días las protestas. Por su parte, el organismo criticó además un decreto que pretendía eximir de responsabilidad penal a los militares que participaron en operativos para restablecer el orden interno.
La cartera que encabeza Hernán Larraín sostuvo que el gobierno "comparte la preocupación" del organismo internacional, asegurando que "que se trata de situaciones que lamentamos profundamente, pues nuestro compromiso ha sido y es que las fuerzas de orden y seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido encomendado para resguardar la seguridad y el orden público, respetando siempre los derechos humanos de todas las personas".
El ministro Teodoro Ribera aterrizó ayer en Tokio, donde se reunió con siete CEOs de firmas que invierten en Chile. Además, sostendrá encuentros con sus pares de Francia, Alemania y Reino Unido, entre otros. El objetivo es dar señales de "tranquilidad", transmitir que las instituciones están funcionando y comunicar las medidas que se han implementado para resguardar los DD.HH., un tema que se ha transformado en un problema creciente para el gobierno.
El secretario Ejecutivo del organismo, Paulo Abrão, confirmó que los expertos llegarán al país la próxima semana.
Paulo Abrao solicitó hace siete días el permiso del gobierno chileno para enviar una misión que observe la situación de los derechos humanos en medio de la crisis que vive el país. En esta entrevista aborda cuáles son las expectativas de esa visita y transmite la "profunda preocupación" de ese organismo internacional sobre las denuncias que han recibido en materia de vulneración de derechos. Así, advierte que el número de heridos que han dejado las protestas en el país es "poco común" respecto de otros en donde se han suscitado crisis sociales similares.
Es la primera vez que un Estado deberá responder internacionalmente por falta de fiscalización a una isapre. Eso abre un amplio margen para litigar fuera de Chile contra las aseguradoras de salud. Además, se produce cinco meses después de que el gobierno promoviera junto a Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay una nota diplomática a la Comisión Interamericana (CIDH) en la que le pidió respetar la "autonomía" de los países.
En 2015, la familia de Hernán Canales acudió hasta el organismo internacional indicando que no se respetaron una serie de derechos durante el proceso.
Presidente Piñera se reunió este miércoles con representantes de la Comisión Interamericana de DD.HH., donde abordó la necesidad de fortalecer el funcionamiento del organismo.
Solicitud se da luego de que una representante de la ONU abordara las políticas migratorias del gobierno de Sebastián Piñera en un encuentro en Jamaica.
Ante las críticas de la centroizquierda, canciller asegura que cuenta con el apoyo del Piñera. Además, aborda la polémica por los hijos del Mandatario y dice que "el régimen de partido único es una alternativa que tiene China, optó por ella". Y destaca que "ha sacado de la miseria a más de 500 millones de personas".
Hace pocos días, el exagente ante La Haya fue nominado presidente del Comité de Redacción de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Aquí habla de lenguaje inclusivo, de las críticas del gobierno a la CIDH -que él presidió dos veces- y de la relación entre Chile y Bolivia.
La Clínica Jurídica de la UAH busca replicar en la CIDH una denuncia que en abril hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra la Subsecretaría del Interior y la Policía de Investigaciones (PDI). En dicha oportunidad, se acusó al Ejecutivo de desobedecer una decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que en principio acogió un recurso de amparo que impedía la expulsión de migrantes.
El jefe de la delegación chilena que expuso ayer la política migratoria del gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, responde a la representante de Bachelet en esta instancia, quien llamó "al Estado de Chile a terminar con las expulsiones colectivas". "El gobierno del Presidente Piñera ha expulsado a aquellos (migrantes) que cometen delitos y cada persona ha tenido un proceso individual", afirma Bonito.
Roberto Ampuero justificó, en su cuenta pública, no adherir al acuerdo de Escazú, al pacto de Marrakech y el envío de una carta diplomática a la CIDH, justamente los temas que han generado críticas en la oposición y entre algunos excancilleres. "Asumimos posturas que, aunque en algunas ocasiones no sean del todo compartidas por grupos acotados, lo hacemos con la profunda convicción de que son beneficiosas para nuestro país", aseguró.
