El aspirante del Movimiento Construye -quien reemplazó al asesinado Fernando Villavicencio- sufragó esta jornada utilizando chaleco y casco antibalas, además de estar rodeado de policías, soldados y dos escoltas que lo cubrían con una colcha blindada.
El viernes pasado, Lidia Casas no consiguió los votos para ser elegida como comisionada del organismo. Fuentes diplomáticas transmiten que la abogada era buena candidata y que lo que falló fue la campaña que se desplegó y las gestiones del embajador de Chile en la OEA, Sebastián Kraljevich.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al Estado argentino a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios. El presidente Alberto Fernández culpó de la situación al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “Usted es el único responsable, tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional”, manifestó.
La Presidenta peruana, Dina Boluarte, indicó que no comparte algunos cuestionamientos que consigna el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque aseguró que su gobierno los respeta.
El organismo expresó su preocupación respecto a las múltiples denuncias de irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales, así como sobre violaciones a los derechos de las personas detenidas. No obstante, el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, resaltó el éxito en la disminución de los homicidios y reiteró que el régimen de excepción continuará hasta capturar al “ultimo pandillero”.
El organismo de derechos humanos demandó al presidente Nayib Bukele que levante el régimen de excepción que impuso para combatir a las pandillas. No obstante, la medida tiene amplia aprobación de los salvadoreños, ya que ha permitido capturar a más 66.000 supuestos antisociales, reducir el número de homicidios y otros delitos, de acuerdo con cifras oficiales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al Estado de Chile para que tome "medidas inmediatas", con el fin de llevar a cabo un proceso que garantice "la más amplia participación" en la discusión referente al uso de la fuerza y la legítima defensa, en el marco del proyecto de ley Nain-Retamal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca en el documento que se observa una situación social polarizada que ha derivado en una fractura en el país. El organismo también hizo un descarnado análisis de la justicia boliviana al señalar que "ha recibido testimonios preocupantes que indican que con frecuencia jueces y fiscales solicitan dinero a las personas acusadas a cambio de recuperar su libertad o no ser condenadas".
El ministro de Justicia peruano, José Tello, frente a la intención del derrocado mandatario de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr su libertad, expresó que “es algo que no vamos a permitir (...) hay que decirlo claro, que un presidente golpista que quebró el orden constitucional pretenda llevarnos a instancias internacionales”.
La designación se hizo considerando lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el estatuto de la CIDH, los cuales exigen de los comisionados una “alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos”, según informaron desde la Cancillería. Casas posee un doctorado en derecho y más de 20 años de experiencia académica vinculado al derecho internacional y los derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la excarcelación de estas personas “pone fin a años de encierro arbitrario, bajo condiciones deplorables de detención”. No obstante, la entidad manifestó que repudia la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, con lo cual la mayoría de las personas liberadas estarían en situación de apátrida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en un comunicado que la fiscal Patricia Benavides y su núcleo familiar se encuentran en riesgo debido al actual contexto de crisis institucional que vive ese país y por las investigaciones que lleva a cabo, tras la destitución del presidente Pedro Castillo.
El presidente de las zonas rurales de Santa Cruz, Ernesto Serrate, aseguró que continúan las vigilias pacíficas en las instituciones públicas hasta que el cabildo del 25 de enero determine qué medidas tomará en favor del líder opositor Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente por cargos de terrorismo.
El expresidente busca que el encuentro se concrete para "darles detalles de mi injusta prisión y persecución política".
Una de las sobrinas del exmandatario informó de la situación a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cumplen una misión especial en Perú. “Está delicado de salud, lo hablo por lo que he visto”, dijo Vilma Vásquez, quien denunció que los familiares de Castillo están sufriendo persecución, aunque no identificó a los autores.
