Los expertos de los partidos de gobierno usarán todas sus energías para mejorar las indicaciones sobre Estado social y derechos sociales. También tienen como asuntos prioritarios la paridad, el capítulo de medioambiente y perfeccionar los artículos sobre trabajo y condiciones laborales.
Fue la comisionada Bettina Horst (Ind-UDI) quien planteó el tema la semana pasada y que no cayó bien en el oficialismo. En la oposición comentan -en privado- que solo fue un ejercicio retórico, mientras que en la izquierda aseguran que es poco probable que entreguen un texto sin normas al consejo. En general, dicen en la comisión, el asunto es parte de la compleja negociación que están teniendo los expertos respecto de las enmiendas.
Las directivas y bancadas parlamentarias han citado a algunos comisionados que ellos mismos nominaron para hacerles consultas y observaciones sobre los artículos ya aprobados en general, con el objetivo de incluir modificaciones en la etapa de las enmiendas. La tónica en general ha sido dar amplia libertad, pero el asunto cambia con los partidos que están en alerta por las normativas sobre sistema político que amenazan su sobrevivencia.
Los comisionados están conscientes de que su trabajo pasa inadvertido en términos generales por la ciudadanía. A varios les preocupa esa desafección, pero hay otros que plantean que el verdadero protagonista será el Consejo Constitucional, la instancia integrada por 50 personas electas en las urnas. La luz amarilla ya está encendida, sobre todo por las elecciones del 7 de mayo.
Profesor de Derecho Constitucional en la UC, el abogado destaca los contornos sociales del primer borrador constitucional. Dice que el texto triplica la cantidad de derechos y aporta principios emblemáticos para superar la Constitución de 1980. Y tras la presentación de enmiendas, espera que la Comisión retome el espíritu de consenso.
La derecha acusó que las enmiendas de la izquierda pretenden “pasar gato por liebre” y revivir normas del texto de la Convención. Un sector de la izquierda, en tanto, aseguró que las normas que son parte del debate se parecen al “texto constitucional de 1980”.
El comisionado Teodoro Ribera (RN) interpeló a sus pares del oficialismo de la subcomisión de derechos sociales y pidió respetar el acuerdo alcanzado en la etapa anterior. Sus palabras transparentaron la molestia que existe en la derecha por la intención de la izquierda de eliminar incisos como el de la libertad de elección entre un régimen de salud privado o estatal.
El comisionado Máximo Pavez (UDI) afirmó que espera que la izquierda "cumpla lo pactado y acuda a la buena fe”. Sus palabras apuntaron a la posibilidad de que los expertos de los partidos de gobierno eliminen normas que fueron aprobadas en general. Ese sector se defiende y plantea que la discusión en particular es para abrir ese debate. "Presentar enmiendas no puede ser entendido como ir en contra de acuerdos", dijo la experta Catalina Lagos (PS).
Al cierre de esta edición, los 24 comisionados trabajan contra reloj cerrando cientos de indicaciones. Varias de ellas apuntan a modificar el sistema electoral. Mientras la izquierda va por listas cerradas, bloqueadas y sin pactos, la derecha quiere listas abiertas, con pactos y distritos que repartan como máximo cinco escaños. Una de las batallas ideológicas más fuertes tiene que ver con el derecho a la salud y la libertad de elección.
Los comisionados del oficialismo y la oposición retomaron sus reuniones presenciales para conversar sobre los ajustes que harán a las reglas para escoger parlamentarios. Pese a que esta subcomisión se ha caracterizado por tener un buen ambiente y lograr acuerdos, esta vez parten con posiciones más rígidas respecto de las cuales, al menos por ahora, hay más distancia que cercanía.
Los comisionados de derecha no quieren innovar en este tema, ya que un cambio implicaría modificar la cultura de voto de los chilenos. El oficialismo, en tanto, plantea que solo las nóminas cerradas -en las que en vez de sufragar por un candidato se vota por el partido- es coherente con el resto de las normas ya aprobadas en general, como, por ejemplo, el umbral de 5% nacional.
Por primera vez los comisionados de la subcomisión de derechos sociales abrieron sus puertas y, en un debate público, expusieron el principal nudo político que los tiene estancados en la discusión en particular de las disposiciones que ya fueron aprobadas en general por el pleno. Los representantes de la izquierda pidieron modificar esa norma para "no constitucionalizar" el modelo de isapres, mientras que la derecha defendió la redacción del inciso insistiendo en que es una manera de asegurar la provisión mixta.
A partir del lunes, los miembros de la instancia tendrá una semana para ingresar las indicaciones al texto que aprobaron esta semana. Esta es la única oportunidad que tienen para agregar los puntos pendientes e incluir los temas que, en la primera etapa de votación en general, quedaron fuera del anteproyecto de nueva Constitución.
El pleno visó las normas de los 14 capítulos del anteproyecto de nueva Constitución. No hubo ningún voto en contra ya que todo fue escrito en el marco de los primeros consensos de un "mínimo común constitucional". La señal fue valorada por los comisionados, quienes adelantan que todas las diferencias y disensos serán expuestos en la tercera etapa que comenzará la próxima semana con la redacción de las indicaciones.
Cuestionan que en el anteproyecto de nueva Constitución se incluyera una propuesta que apunta a que los legisladores cesarán en sus cargos si renuncian o son expulsados de sus partidos. Entre los firmantes, casi todos tienen la particularidad de haber dimitido a colectividades en algún momento de sus carreras legislativas.
