En 2018, al alero de una comisión de la Conadi, las forestales se abrieron a vender al Estado predios reclamados. Aunque manifestaron su disposición, solo se han transferido 1.300 hectáreas. “Es bastante frustrante haber tenido resultados tan mermados”, dice el presidente de Corma, Juan José Ugarte.
El organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social agregó que "estas observaciones no frenan la licitación ni la posterior realización del catastro, al contrario, son observaciones de forma que constituyen una oportunidad para mejorar el proceso y serán subsanadas a la brevedad". El organismo que dirige el contralor Jorge Bermúdez reprochó en más de 30 aspectos el texto que ingresó el 6 de diciembre para su trámite de toma de razón.
Este es un listado de ocho conceptos clave para entender este especial de La Tercera. Se trata de las definiciones técnicas de los elementos que están sobre la mesa en el proceso administrativo creado por el Estado para comprar predios y así restituir las tierras ancestrales de las comunidades indígenas.
Desde que se aprobó la Ley Indígena en 1993, el conflicto del Estado con las comunidades era muy distinto al actual. Han pasado 28 años, pero la ley sigue intacta. Por eso todos los expertos dicen que el sistema está saturado y hay que buscar otros caminos. Algunos apuntan a la Convención Constitucional, a un cambio global de enfoque, a compensaciones económicas e incluso al uso de la expropiación por causa de interés nacional como una salida a esta crisis.
Uno de los tantos problemas que arrastra la política de restitución territorial es que lleva casi 28 años funcionando sin saber cuál es el universo total de predios que hay que adquirir para saldar la llamada deuda histórica con los pueblos indígenas. En 2016 la Comisión Vargas propuso hacerse cargo de este vacío y en 2018 el ministro Alfredo Moreno casi lo logró. Ahora el gobierno está a punto de abrir una licitación para contar con este estudio en un tiempo récord de seis meses.
La Tercera accedió a los registros de la Conadi que permiten rastrear todo lo que se ha hecho en casi 28 años con el mecanismo que contempla el Fondo de Tierras y Aguas para restituciones territoriales. Los datos son una primera pista de lo logrado en siete gobiernos. Si se toma como universo únicamente a los títulos de merced entregados entre 1884 y 1929 —métrica que es disputada por los pueblos originarios al considerarla insuficiente— a la fecha se ha comprado el 41% del territorio abarcado por esos documentos.
Hace 30 años el expresidente Patricio Aylwin logró reunir a cinco mil personas, realizar casi tres mil asambleas y elegir a tres mil delegados para cimentar las bases de lo que hoy se conoce como el Fondo de Tierras y Aguas. Esta fue la solución política que se aprobó en 1993 y que instauró un mecanismo para saldar la deuda territorial que tiene el Estado con los pueblos originarios.
La Conadi ingresó el 13 de mayo al organismo contralor las resoluciones de compra de cinco predios de Forestal Mininco, filial de CMPC, en la comuna de Angol. En total, son 300 hectáreas reclamadas por la comunidad Alex Lemún. Otros siete predios de empresas forestales están hoy en fase de revisión de tasación.
Consejeros del organismo acusan que los fondos no se están utilizando y que eso incidiría en el aumento de las tomas. Director de entidad dice que en 2020 se usó el 88% de los dineros y que “no está detenida” la adquisición de predios.
Unos 40 sujetos destrozaron la cortina metálica y ventanales de la repartición pública, además de realizar rayados en el frontis del inmueble, lo que obligó a la intervención de Carabineros.
Una mesa de diálogo formada en la Conadi ha debatido sobre tierras reclamadas por comunidades mapuches. El sector forestal ya manifestó su disposición a transferir al menos 22 propiedades. Esperan que más que un traspaso de tierras, esto sea la construcción de una nueva convivencia.
Juan Pablo Longueira, actual jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, es cuestionado por la adquisición de dos terrenos en la comunidad indígena Ignacio Yevilao. La parlamentaria Joanna Pérez también manifestó su preocupación por la "fragilidad fiscalizadora" de la Conadi.
"Fue una subdivisión que se realizó, se establecieron dos lotes, los que fueron debidamente inscritos en el registro público de tierra de Conadi", señaló Fernando Sáenz.
Según la información confirmada por el concejal por Temuco José Luis Velasco a El Austral, el ya ex director de la Conadi presentó la renuncia hace 15 días.
Emilia Nuyado dijo que "a veces una se siente sola" en su trabajo en el hemiciclo.
