Gonzalo Uriarte, presidente de AB Chile, llevó esta preocupación ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, enfatizando que las bandas criminales utilizan sofisticados inhibidores de señal para evadir los sistemas de seguridad, resultando en cuantiosas pérdidas para las empresas afectadas. Según un estudio que presentaron, los bienes más robados en la sustracción de carga corresponde a electrónica, como celulares.
El estudio de abogados enfrenta otro conflicto legal con una asociada. La abogada Camila Beltrán presentó una demanda de tutela laboral alegando discriminación por género y maternidad, daño a su integridad psíquica, honor y libertad de trabajo y exige $110.000.000 en total por daños. Desde Carey explicaron que al "plantearle su desvinculación por hechos ajenos a su maternidad, la trabajadora no había informado ni a la empresa ni a su equipo que estaba embarazada. Cuando informa de su estado de embarazo, se le indicó de inmediato que, dado su fuero, su salida no se produciría y seguiría trabajando en la oficina”.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la petición de Tianqi Lithium Corporation de poner una pausa a la asociación de SQM y Codelco al considerar que no había suficientes antecedentes que justificaran la solicitud. La empresa china había presentado un reclamo de ilegalidad contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cuestionando la aprobación del acuerdo sin votación de los accionistas, alegando que la implementación prematura del acuerdo podría causarles un perjuicio irreparable.
SQM solicitó hacerse parte del reclamo de ilegalidad que presentó Tianqi Lithium Corporationen contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la Corte de Apelaciones de Santiago. En su escrito, la minera no metálica pidió rechazar la petición de suspensión que planteó la empresa china del acuerdo de asociación con Codelco.
Su abogado, Álvaro Jofré, interpuso un recurso de amparo en contra del Ministerio Público por negarle información a través de una solicitud de Ley de Transparencia al presidente de Clínica Las Condes (CLC).
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó la denuncia de tutela laboral presentada por Jimena Hevia, jefa del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano (DPAC). En su demanda, la geógrafa denunció una serie de actos de acoso laboral por parte de su jefe, Juan Cristóbal Moscoso. El SEA solicitó que la acción sea desestimada, defendiendo el actuar del funcionario y acusando a la demandante de "falta de autocrítica y tolerancia".
La compañía, propiedad del Estado chino, solicitó el pasado viernes a la Corte de Apelaciones de Santiago intervenir en el proceso judicial contra la resolución de la Comisión Nacional Antidistorsiones, que impuso una sobretasa arancelaria provisional a las importaciones de acero chino. Esta acción sigue a la impugnación presentada por Magotteaux Chile y otras empresas, calificando la medida como “ilegal y arbitraria”.
La Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por Conadecus, Sernac y Odecu contra SCA Chile, determinando que la empresa no puede ser considerada responsable bajo la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC) debido a la falta de una relación contractual directa con los consumidores. A diferencia de SCA, CMPC llegó a un acuerdo con el Sernac para compensar a los consumidores afectados, depositando $7,000 pesos en sus cuentas RUT.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago confirmó la audiencia de formalización del presidente de CLC, Alejandro Gil por el presunto delito de acusación y denuncia calumniosa, fijada para el próximo 21 de agosto. El querellante en este caso es el exgerente general de CLC, Fredy Jacial. El abogado de Gil, Álvaro Jofré, acusa que el derecho a un debido proceso de su cliente ha sido vulnerado durante la investigación.
A finales de marzo, la empresa estatal demandó a Entel, Telefónica, GTD Manquehue, Claro, VTR y Wom por permitir el funcionamiento de sitios de apuestas online y, con ello, la operación de plataformas de apuestas deportivas ilegales. Las empresas acusan que Polla busca "un enriquecimiento sin causa".
Fast Brasil ha iniciado una ofensiva legal contra la Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 por disputas en contratos de arriendo de infraestructuras. Fast, que asegura haber cumplido con sus obligaciones y recibido elogios por su trabajo, acusa a la Corporación de errores fiscales y retención indebida de pagos. En respuesta, la Corporación niega las acusaciones.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 21 de agosto la audiencia de formalización contra Alejandro Gil, presidente de Clínica Las Condes, por acusación y denuncia calumniosa. La defensa de Gil sostiene que el Ministerio Público había sobreseído la causa, declarando su inocencia, pero el fiscal Rodrigo Mena Vogel concedió ilegalmente diligencias adicionales sin autorización. En el mismo tribunal, Gil enfrentará el 6 de agosto otra formalización por apropiación indebida.
Las investigaciones y las multas que el caso cascadas significaron para Julio Ponce culminaron discretamente. El 24 de mayo, la Fiscalía anunció la decisión de no continuar con la acción penal, poniendo fin a una década de litigios. Simultáneamente, el 18º Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda de la Tesorería General contra Ponce Lerou por el pago de intereses de una millonaria multa, fallando que la deuda estaba saldada. Sin embargo, la Tesorería apeló la decisión.
El exgerente de Administración de la empresa de backoffice de sociedades de inversiones de los socios del grupo acusó la eliminación de evidencia en la causa Factop y que lo están obligando a autoincriminarse como culpable de todos los hechos, a cambio de pagarle su remuneración y finiquito.
