Por dos días se extenderá el XXXII Congreso del Partido Socialista, un espacio clave que congregará a cerca de 500 personeros de la colectividad y en el que se adoptarán medidas de cara a los próximos tres años. Como desafíos más próximos aparecen la definición de alianzas con el resto del oficialismo, el rumbo del Consejo Constitucional y el retorno de un grupo de históricos que quieren volver a militar en la tienda que hoy encabeza Vodanovic.
La moción fue patrocinada por las legisladoras Paula Labra (ind-RN), Flor Weisse (UDI) y Chiara Barchiesi (Partido Republicano), donde buscan condenar las manifestaciones violentas que se iniciaron hace cuatro años, cuando inició el estallido social.
El giro del ministro de Justicia respecto a si el jefe de asesores del Segundo Piso tenía o no que asistir a la comisión investigadora y la decisión de la titular del Trabajo de congelar la tramitación de la reforma previsional -sin avisarle previamente al oficialismo-, son algunas de las materias en las cuales los secretarios de Estado han intentado contener las críticas.
Jefe del Ministerio Público expuso ante comisión del Senado sobre proyecto de Fiscalía Supraterritorial, iniciativa que apunta a combatir a este tipo de grupos.
En Chile Vamos afirman que si el jefe de asesores del Segundo Piso asiste a la instancia, el contralor no se pronunciará, lo que repercutirá en la estrategia opositora. Por lo mismo, algunos emplazaron al jefe del organismo fiscalizador para que, de todas formas, fije postura con un dictamen.
Pese a su resistencia inicial, el jefe de asesores del Segundo Piso mostró su disposición para concurrir al Congreso en el marco de la instancia que indaga los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. Eso sí, precisó que para hablar de su rol cuando fue subsecretario de la Subdere.
“Evidentemente que si se produce el hecho que busca la Cámara, pierde oportunidad la pregunta que está haciendo la Contraloría y, por lo tanto, ya no tendría sentido una respuesta”, indicó Jorge Bermúdez.
El Ejecutivo -luego de la dura arremetida del contralor Jorge Bermúdez y fuertes críticas hacia el ministro de Justicia, Luis Cordero- está intentando ajustar su estrategia inicial sobre la asistencia de Miguel Crispi a la comisión investigadora que indaga los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. En el gobierno afirman -tras el fallido diseño original- que buscan que el jefe de asesores concurra para responder lo relativo a cuando fue subsecretario de la Subdere y no en su calidad actual de asesor, lo que, en todo caso, es resistido por la derecha.
A partir de las 19:30 hasta las 21 horas está convocada una sesión especial para “condenar el estallido delictual ocurrido el 18 de octubre del año 2019″. Sin embargo, factores de contingencia atentaban en contra del ánimo de la UDI de colocar un tema candente de discusión política.
Bermúdez indicó que la Dirección de Presupuestos fijó parámetros "muy generales" para la regulación de transferencias en gobiernos regionales. "Lo que puede ocurrir es que esta regulación regional que se supone que atiende a las asignaciones directas, puede quedar laxa o no, dependiendo de cual sea el criterio que tenga el gobierno regional, dado que el parámetro que fija la resolución 497 es muy amplia”, expuso.
"No ha tenido respeto por la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados", agregó el timonel UDI. Este viernes, en medio de la ofensiva de la oposición, el gobierno salió a defender la determinación del militante de RD.
“El tranco, a la luz de lo que está ocurriendo, hay que apurarlo y el que tiene la iniciativa en esta materia es el gobierno”, planteó el presidente del Senado, llamando al Ejecutivo a apoyar la iniciativa sobre Defensoría de las Víctimas y asegurando que "ya no hay más tiempo que esperar" para sacar adelante el Ministerio de Seguridad.
En la derecha continuaron los cuestionamientos en contra de la directora de la Dipres y este miércoles desde las bancadas de Chile Vamos pidieron al Presidente Gabriel Boric su renuncia.
El presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), aseguró que la decisión “es una provocación a este Congreso”, por lo que se enviarán los antecedentes a la Contraloría para eventuales sanciones. Soto (PPD) pidió evaluar su continuidad en el cargo.
El partido en formación consiguió su primer escaño a través del fichaje del exintegrante del PH Hernán Palma, quien se ha caracterizado por rechazar los estados de excepción, apoyar los retiros de fondos previsionales y por asistir al Congreso vestido de chef a modo de protesta contra el actual proceso constituyente. "Es una propuesta progresista, que escapa a la propuesta que hoy día está instalada, que está teniendo un desgaste", aseveró el parlamentario sobre su militancia.
