La oposición propuso que la discusión de las indicaciones parta el 16 de agosto. La izquierda está en contra e interpreta que el ánimo de la bancada republicana y de Chile Vamos es de dilatar el asunto y evitar que los consejeros comiencen a argumentar los cambios al anteproyecto en sesiones públicas.
La decisión de la derecha “no es una atribución del Consejo, pues este no está facultado para desconocer compromisos del Estado de Chile. Es más, dicha posición ignora el deber de guiarse buscando la más alta participación democrática en el proceso, especialmente respecto de grupos históricamente discriminados como los pueblos originarios”, argumentaron desde la tienda oficialista.
La sala del máximo tribunal, por tres votos contra dos, desestimó -solamente por un detalle formal- el reclamo de los representantes de izquierda quienes pretendían impugnar las enmiendas de la derecha que crean nuevos capítulos en el anteproyecto. La izquierda apelará a la decisión a través de un recurso de reposición.
La idea, promovida con éxito en la Comisión Experta por el exministro de Justicia, ha despertado fuertes reparos en la judicatura, la academia y en ciertos sectores políticos. La arremetida de académicos de la Universidad de los Andes en contra de este tema del anteproyecto generó ruido en Chile Vamos. Tanto así que la semana pasada hubo un intercambio entre los comisionados Jaime Arancibia y Katherine Martorell.
Pilar Cuevas (RN) se refirió a la ofensiva de las fuerzas de gobierno para impugnar la incorporación de nuevos capítulos al anteproyecto constitucional propuestos por su sector y republicanos.
"La idea es evitar cuestionamientos, queremos proteger el proceso de toda imputación de falta de legitimidad", apuntó el consejero Aldo Valle, sobre el documento que presentaron las fuerzas de gobierno para impugnar enmiendas presentadas por la oposición.
El tribunal especial quedó integrado por la ministra Andrea Muñoz, quien ejercerá como presidenta; los ministros Jorge Dahm, Arturo Prado, Mario Carroza y la ministra María Cristina Gajardo. La Comisión designada tiene un plazo de dos días para emitir el fallo respectivo.
La experta dice que si el partido fundado por José Antonio Kast no cede en sus ideas, “lamentablemente estamos abriendo una puerta muy grande para que se rechace el texto”. Sobre la izquierda, en tanto, asegura que no le gustaría que esté “preparando el camino para un desembarco”.
Los delegados de izquierda hicieron una propuesta para negociar las normas que irían en estos nuevos acápites. Mientras insisten en ese diálogo, los representantes de los partidos de gobierno dicen estar firmes en la decisión de reclamar ante la Corte Suprema ya que estiman existe una vulneración del reglamento.
En concreto, la titular de la Segegob se refirió a la enmienda que alude a la posibilidad de que condenados mayores de 75 años puedan cumplir su pena bajo detención domiciliaria; a las que aluden a no distinguir por género expresiones como "Presidente de la República", e indicó que se busca “constitucionalizar modelos que son debatibles como lo de las Isapres, las AFPs".
Los delegados de izquierda sugirieron que esta nueva instancia tenga un representante de cada una de las ocho colectividades que tiene presencia en el Consejo Constitucional. A ellos se sumaría el escaño indígena. La oposición recibió la idea, la analizará y responderá en los próximos días.
Los resultados muestran una fuerte desafección ciudadana con el trabajo que están realizando los 50 consejeros. Este sondeo, sumado a otros como Cadem, preocupan al órgano redactor. En tanto, el Partido Republicano apuesta a revertir esa tendencia con sus enmiendas.
El informe del centro de estudios advierte sobre la posible afectación de las bases institucionales que hablan sobre la soberanía que reside en el pueblo, el reconocimiento de los derechos humanos, el cumplimiento de las sentencias de tratados internacionales y el Estado social. El análisis del organismo también plantea que las indicaciones ponen “en peligro el proceso constituyente”.
