La oposición hizo valer su mayoría y, al no existir consenso, utilizó los tres votos de sus jefes de bancadas -que en total suman 33- para decir que el órgano redactor no tiene facultades constitucionales expresas para realizar este tipo de acción. La mesa directiva respondió en un oficio de siete páginas en el que se concluye que el organismo "no puede excederse en sus atribuciones".
El PS envió el mensaje, de manera informal, a la bancada de 22 consejeros del partido fundado por José Antonio Kast. Esto, debido al interés de esos representantes de llevar adelante un diálogo con una parte de la izquierda. Los delegados, por su parte, se reunirán este miércoles para definir el diseño sobre cómo se llevarán adelante el debate de las más de mil indicaciones.
Revisa qué día los ciudadanos tendrán que ir a sufragar para el plebiscito de salida.
Desde el equipo constitucional del Partido Comunista hicieron una declaración pública sobre el rol de la derecha y lo que calificaron como un posible "retroceso para los derechos y la democracia".
El martes, los consejeros amanecieron con más de mil enmiendas para modificar el anteproyecto de los expertos. De ellas, casi 400 son de los republicanos. El hito marcó un antes y un después. Mientras las indicaciones tensionan y complican a la derecha, la izquierda naufraga en un ambiente pesimista.
El representante por La Araucanía y jefe de bancada gremialista aborda las enmiendas que se presentaron esta semana, incluyendo las del Partido Republicano, y que generaron duras críticas en el oficialismo. El consejero asegura que tienen disposición a llegar a acuerdos amplios y transversales. “Sería un error imponer una mayoría”, dice el delegado.
Un total de 28.685 personas fueron las que se pronunciaron respecto a los distintos tópicos y capítulos del texto redactado por los 24 comisionados. Todos los acápites tienen un grado de acuerdo que bordea el 100%. La presidenta del órgano de expertos, Verónica Undurraga (Ind.-PPD) valoró el "contundente respaldo" que recibió la propuesta.
Los dos consejeros han estado en coordinación con su partido analizando el escenario que se abre ante la arremetida de enmiendas republicanas. Los comunistas quieren que la izquierda pase a la acción, lleve las indicaciones sobre nuevos acápites al máximo tribunal y no se descarta acudir a los árbitros ante eventual vulneración de tratados internacionales por la indicación que liberaría a presos de Punta Peuco.
En medio de las duras críticas que han despertado las indicaciones que presentaron, la bancada de 22 consejeros quiere que sus modificaciones al anteproyecto no solo sean reflejo de su identidad, sino demostrar que cuentan con respaldo popular. Para eso difundirán sus ideas con un amplio despliegue en redes sociales, pero también en terreno con actividades "ciudadanas y en la calle". Normas como la reducción de parlamentarios y las modificaciones migratorias van en esa línea.
Entre quienes están en contra la califican como regresiva, ya que las comunas de mayores recursos pagan un porcentaje mayor de este tributo y a la vez se distribuye a los sectores de menores ingresos. Entre los que se abren a debatir, apuntan a que es una decisión más política que técnica. En 2022, este impuesto recaudó cerca de US$2 mil millones y tiene una tasa baja de incumplimiento.
La indicación republicana para que condenados mayores de 75 años cumplan sus penas en sus casas encendió los ánimos en los consejeros de izquierda, quienes acusaron un "perdonazo a Punta Peuco". Los cambios que impulsa el partido de José Antonio Kast tiene en estado de alerta a los partidos de gobierno. "Si hay intransigencia, no existe ninguna posibilidad de diálogo y menos de acuerdo", reconoce el delegado socialista Alejandro Köhler.
El ministro de Justicia se refirió a las modificaciones que ingresaron las distintas fuerzas políticas al texto de la Comisión Experta, manifestando que, a su juicio, en algunas de las anunciadas se observa un retroceso en la discusión legal.
La consejera republicana Beatriz Hevia, además, cuestionó que el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta "cae en esa regresividad de derechos fundamentales", por no incluir la protección del que está por nacer.
