Con 107 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones los convencionales visaron la norma que establece la identidad e integridad de los pueblos y naciones indígenas. El artículo formará parte del borrador de nueva Constitución. Los otros 37 restantes, al no obtener los votos necesarios, deberán retornar a su comisión de origen para futuras modificaciones. El asunto fue tema de arduo debate entre los constituyentes.
Mañana el pleno de la Convención someterá a votación el informe que resultó de la consulta indígena, que fue cuestionada por algunos sectores por su demora y baja participación. El texto tiene normas que ya fueron aprobadas por el pleno y se cuestiona que sea sometido a votación. “La facultad de proponer normas de la comisión era para que estas luego fueran discutidas en las comisiones temáticas, así entendí el reglamento. Eso es un punto que tiene que aclarar la mesa”, dijo Fuad Chahin.
La acción constitucional fue presentada por la comunidad mapuche de la comuna de Galvarino denominada Ranquilco Grande a través del abogado Richard Caifal. El escrito solicita a la corte que deje sin efecto o declare nulas "todas las normas aprobadas que digan relación o afecten a los pueblos indígenas”. El proceso de participación ha sido blanco de críticas debido a su baja participación. Se quiso llegar a 18.790 personas, pero la cobertura fue de 7.549, es decir, un 0,6% de quienes están registrados en la Conadi.
Un listado de 12 proyectos de inversión bajo consulta indígena deberá resolver la nueva administración. Se trata de iniciativas que buscan obtener su permiso ambiental y, en el marco de ese proceso, agrupaciones de pueblos originarios han solicitado una mayor participación en línea con el Convenio 169 de la OIT. El ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, y Arauco destacan un activo empoderamiento de las comunidades.
Desde la Segpres ingresaron un oficio el 8 de febrero a la Convención Constitucional, en el cual detallaron que, hasta la fecha, “no se ha recibido en esta Secretaría de Estado ningún requerimiento formal y específico asociados a incrementos de presupuestos para estos fines”. En esa línea, manifestaron su preocupación en torno a la claridad de los recursos involucrados en la consulta para así cumplir con los plazos propuestos por la mesa.
Desde la secretaría técnica para implementar el proceso destacan que la nueva presidenta de la Convención “se la ha jugado” por llevar adelante convenios y subsanar las dificultades con que se había encontrado la participación de los pueblos originarios en la redacción de la nueva Carta Magna.
La presidenta María Elisa Quinteros explicó que tienen mil millones disponibles del Cuech y que han mantenido conversaciones con gobernadores regionales para facilitarles personal y dependencias. El dinero restante será solicitado a la Segpres.
Esta mañana la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (MSC), junto a integrantes de la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, dieron inicio a la primera etapa de la Consulta Indígena, que pretende fomentar la participación de los pueblos originarios en la redacción de normas constitucionales. El lanzamiento se da luego del atraso en el inicio de su funcionamiento y los conflictos internos que ocurrieron dentro de la comisión, que incluso provocaron la renuncia de uno de sus coordinadores.
Además de los riesgos que advirtió la presidenta Elisa Loncon acerca de los aspectos presupuestarios para llevar adelante el proceso, el documento base que permitiría su implementación generó una fuerte disputa entre representantes indígenas de la instancia. Mientras un grupo acusó que les "pasaron la máquina", la titular de la constituyente pidió dejar "de lado los calificativos tan absurdos”.
La decisión de suspender por 45 días el proceso para su evaluación fue detallada durante el comité político ampliado.
Ex diputado asumió hoy al mando de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas. Era asesor de confianza de Emilio Santelices y alcanzó a trabajar un mes con Jaime Mañalich.
Representantes de las distintas etnias reconocidas por la ley han expresado su rechazo al proceso que busca modificar la Ley Indígena, por considerar que "divide el territorio de la comunidad". Solicitan que se suspenda la iniciativa. El ministro Alfredo Moreno, afirmó que "hay interés de participar".
El ministro de Desarrollo Social y Familia ha tenido que enfrentar duras críticas por el proceso. "Si es necesario dar más tiempo, lo vamos a hacer". señaló el secretario de Estado.
En medio de manifestaciones por la muerte de Camilo Catrillanca, situación que ha reinstalando la problemática sobre la relación del Estado con el Pueblo Mapuche, el ministro de Desarrollo Social recibió a las recomendaciones de Jay Hartling, promotora de la implementación de políticas, programas y prácticas transparentes.
Representantes de los pueblos originarios firmaron un acta que pretende revertir lo suscrito en el proceso constituyente.
