Recinto, habilitado como centro de salud en medio de la pandemia, denunció que el Ministerio de Salud le adeuda 2.900 millones de pesos más IVA. Contraloría declaró ilegal uno de lo contratos suscritos debido a la duplicación de servicios en otro documento. Mientras esa situación no se aclare, dijo el contralor Jorge Bermúdez, "no es posible que se pueda pagar plata pública en algo que fue declarado ilegal".
El indicador, conocido como backlog, muestra una caída en la mayoría de las compañías, con un efecto mayor en aquellas empresas menos diversificadas.
Antes de llegar a tribunales, hubo dos reuniones entre la administración de Clínica Las Condes y el equipo de los médicos, pero advierten que la administración no habría cedido.
Zaldívar recordó con énfasis la normativa respecto de que no se puede hacer trabajar a quienes viven en comunas en cuarentena, salvo que sean actividades consideradas esenciales, para las cuales existen los permisos correspondientes.
Algunas compañías están contratando menores montos asegurados, y han pedido postergar cuotas de los contratos. Además, podría haber un alza en seguros por daño físico.
Según una encuesta realizada por Mercer a 109 empresas de diversos rubros, el 84% de ellas optó por no recurrir al reclutamiento de temporada. Retail se mantiene como el sector con más puestos disponibles.
Mediante la plataforma los consumidores podrán solicitar el término de contratos que establezcan cláusulas de salida legal.
La compañía acordó presentar una denuncia y luego una querella al Ministerio Público y a la PDI para determinar una eventual responsabilidad penal.
Desde el 3 de diciembre de 2012, día en el que el casildense se puso el buzo de la Selección, logró modificar en 12 oportunidades su contrato. Incrementos en su salarios, bonos y regalías marcaron su estadía en el Equipo de Todos.
Entre los ejemplos figuran un contrato de outsourcing a cinco años por US$70 millones con un grupo de bancos y un acuerdo de US$55 millones con una organización fabril.
La nueva ley, que beneficiará a un millón de pequeñas y medianas empresas, entrará en vigencia el próximo 16 de mayo.
El organismo logró acuerdo con siete bancos para que se hagan cargo de fraudes, pero aún falta la entidad de capitales españoles.
Los salarios se ajustarán y las empresas incorporarán ese costo en las remuneraciones, por lo que en la práctica no se cumpliría el efecto buscado en el proyecto.
Según registros oficiales, 759 personas fueron despedidas e indemnizadas por la corporación en marzo de 2018, y antes del 1 de abril, 360 fueron vueltos a contratar.
