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Un grupo de colectivos ingresó una indicación que pretende crear un recurso de revisión respecto de las decisiones tomadas por el futuro sistema de justicia de los pueblos originarios, y una acción de competencia que se podrá usar cuando existan dudas respecto de qué jurisdicción resolverá. Ambos serán vistos por una instancia del máximo tribunal que será integrado por dos jueces, dos expertos y un profesional del área de las ciencias sociales. La fórmula provoca dudas en el FA, los socialistas, la centroizquierda y la centroderecha.

Esta instancia de la Convención Constitucional recibió un total de 44 enmiendas y este miércoles entrará en una fase importante al revisar aquellas indicaciones que no sortearon el quórum de 2/3. Una de ellas es vista con atención por el Poder Judicial, porque podría dar paso a la cuestionada indicación que pone plazo al cargo de magistrado. Junto con esto, el trabajo de los convencionales, además, estará enfocado en visar iniciativas que pretenden que la justicia indígena sea recurrible a tribunales de segunda instancia y la Corte Suprema, así como también que la Carta Magna garantice libertad para ser juzgado por tribunales ordinarios.

"El anhelo de un mejor futuro se juega en la responsabilidad de la Convención Constitucional. Es fácil hacer del próximo plebiscito una disyuntiva entre extremos que puede profundizar nuestras grietas, alimentar la violencia y frustrar aspiraciones económicas. Ojalá los convencionales sean responsables y hagan del próximo plebiscito un gran acuerdo nacional que nos salve del fracaso".

Los constituyentes oficialistas su sumaron a las palabras del integrante del Colectivo Socialista quien aseguró que al interior de la Convención "no hay diálogo" y que existiría un veto hacia las posturas minoritarias del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna. "Nunca estuvo en los planes de la izquierda más radical debatir con la derecha una Constitución que sea de grandes acuerdos y permita construir la casa de todos”, responde Arturo Zúñiga (UDI).

El pleno de la Convención rechazó los artículos que creaban estas nuevas instancias. El propósito de los constituyentes es tener un órgano similar al actual Consejo Regional -que hoy integran los Cores- pero con la facultad para dictar leyes locales que solo sean aplicables a los límites territoriales de dicha zona. Las normas que no lograron el quórum de 2/3 volverán a la comisión de Forma de Estado para ser corregidas. Estos son los puntos que marcarán el debate en esta segunda instancia.

En la comisión de Sistemas de Justicia y Órganos Autónomos se presentaron tres propuestas sobre la creación de esta nueva institución, las que sin embargo difieren en cuanto a objetivos, funciones y liderazgo.

El pleno votó a favor de 14 artículos, pero rechazó dos normas al no alcanzar el quórum de 2/3. Las propuestas que se quedaron abajo, y que tendrán que volver a la comisión de Sistemas de Justicia, tienen que ver con asuntos vinculados a la independencia judicial y a la forma en que la judicatura hace cumplir sus sentencias. Estas son las críticas formuladas por los constituyentes opositores y por donde se prevé que vendrán los cambios y correcciones.

Antes de que inicie la segunda jornada de votaciones del pleno, en la Comisión de Sistema de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, se presentarán las iniciativas que ahondan en el ente rector.

Después de una semana de ruidos y señales políticas en la Convención, llegó la hora de la verdad: este martes comienzan las discusiones en el pleno, las cuales definirán qué normas quedarán en la propuesta de texto para una nueva Constitución. ¿Cómo llegar a los dos tercios? En esta etapa será crucial el rol de los articuladores y de quienes tengan habilidades sociales y conocimientos para convencer a otros constituyentes.

"Es inviable continuar con el debate constitucional desde el extremismo jurídico y el afán refundacional -o revolucionario- imperante".

El jefe del Ministerio Público envió un oficio con la postura institucional de los persecutores. La fiscalía le pidió al órgano encargado de proponer una nueva Carta Magna que mantenga y profundice tres principios de rango constitucional: autonomía, transparencia y objetividad. El primero de ellos, detalló la autoridad, apunta a eliminar todas las barreras que existen actualmente para investigar delitos tributarios, electorales, aduaneros o de libre competencia. También propuso la creación de una Unidad de Asuntos Internos de alcance nacional, que se encargue de perseguir a fiscales imputados en causas penales.