El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que están ante un "problema estructural" que dificulta la eventual devolución de dineros ante irregularidades. Explicó que originalmente las transferencias eran realizadas a los municipios y que cuando el modelo se amplió se siguió utilizando la misma fórmula "por inercia" y que están trabajando por la vía legal para solucionar la no exigencia de estos documentos.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, reconoció que en la mayoría de los casos de traspasos de fondos públicos a organismos privados no se establecieron boletas de garantías, lo que dificultaría la restitución de recursos.
Camila Flores, Catalina Del Real y Carla Morales solicitaron al órgano que realice la revisión de los caudales fiscales en todas las secretarías del Estado para encontrar si existen irregularidades en las reparticiones.
La instancia, creada por el gobierno luego de que salieran a la luz los líos de platas que involucraron a fundaciones ligadas al oficialismo y organismos del Estado, tendrá 45 días para entregar recomendaciones para evitar casos como el de Democracia Viva.
La ministra del Interior, además, se mostró optimista respecto a retomar el diálogo político con la UDI, asegurando que “las cosas pocos sensatas normalmente no se sostienen demasiados días, y esto no es sensato".
Según explicó la fiscal Carmen Gloria Wittwer, las diligencias efectuados consistieron en la entrada, registro e incautación de documentos.
El timonel de Revolución Democrática se refirió a las peticiones de la oposición para que el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, renuncie al gabinete, tras conocerse los líos de platas en fundaciones ligadas al partido.
Ángel Valencia, quien encabeza el Ministerio Público, detalló las eventuales irregularidades en las asignaciones de dineros desde ministerios a fundaciones ligadas al oficialismo.
La sesión constitutiva de la comisión se realizó este viernes en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. El organismo, convocado tras el lío de platas en fundaciones ligadas al oficialismo, tiene un plazo de 45 días para entregar recomendaciones.
Un documento firmado por el exseremi Carlos Contreras (RD) en julio de 2022 sólo exigió un mínimo de seis meses de antigüedad y "experiencia en trabajo socioterritorial" a las nuevas fundaciones que quisieran firmar millonarios convenios con el Minvu de Antofagasta. Además, sugirió que la remuneración de los profesionales a contratar fuera de $ 1.200.000 mensuales.
La ministra del Interior señaló que "en política se pueden tener críticas, se pueden tener sentimientos complicados, pero no se puede ocupar eso como una excusa para transformar a una persona en un chivo expiatorio de todo".
Como dan cuenta desde la entidad, revisarán los convenios que también han recibido cuestionamientos en otras comunas y, especialmente, en las nueve regiones donde el Ministerio Público ya inició investigaciones penales: Antofagasta, Maule, Atacama, Los Lagos, Biobío, Araucanía, Aysén, O’Higgins y Arica.
Aunque en 2016 se abrió la puerta para que organismos privados reciban fondos para trabajar en asentamientos precarios, fue en 2022 cuando los montos a repartir suben en un 93%. El gran aumento de fondos produjo la llegada de fundaciones dedicadas a temas culturales y políticos a trabajar en áreas en las que no tenían mayor experiencia. Este es el origen del método que terminó usando Democracia Viva para recibir los polémicos $ 426 millones en Antofagasta.
En la misma semana en que La Moneda descartó un cambio de gabinete para descomprimir la crisis por el presunto caso de corrupción en los traspasos entre el Minvu y fundaciones, el Mandatario respaldó a ambos ministros cuestionados.
El militante de RD, Rodrigo Hernández firmó una autorización a Urbanismo Social sin asumir su inhabilidad. Además, había sido asesor jurídico de la ONG que luego fue beneficiada con contratos con el Minvu en Antofagasta y en la región en que él era seremi.
