Pese a que el Mandatario evitó hacer una autocrítica explícita por sus declaraciones en que defendió -con la información que tenía hasta ese momento- a un seremi de El Maule que hoy es objeto de una investigación sumaria, ayer aclaró que “acá no se va a proteger a nadie indebidamente”. A su vez, lanzó una comisión para elevar estándares en contratos entre el Estado y las fundaciones.
Esta semana será crucial para el futuro político del ministro, quien deberá comparecer ante una seguidilla de instancias parlamentarias para dar nuevas explicaciones. Hoy el Senado acordó realizar una sesión especial el miércoles para abordar la crisis política por el financiamiento de fundaciones ligadas al oficialismo, mientras que desde la derecha -hasta ahora, reticente a tomar medidas duras en su contra- ya hay voces que plantean una acusación.
La senadora DC denunció en Contraloría posibles irregularidades en la adjudicación de $160 millones por parte de la Fundación Visible en el marco del programa Noche Digna.
La parlamentaria de la región denunció que el organismo transfirió $160 millones a una fundación que no contaba con la suficiente experiencia para adjudicarse los fondos, en el marco del programa Noche Digna que busca entregar apoyo a personas en situación de calle.
El titular de Vivienda descartó dar un paso al costado y aseguró que seguirá "mientras el Presidente así lo determine". Desde la oposición, en tanto, no descartan ninguna "herramienta constitucional".
Los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri se reunieron con el ministro de Justicia para solicitar el financiamiento al proyecto de ley, y en un punto de prensa posterior, respaldaron al ministro de Vivienda y su labor en el marco del caso Democracia Viva.
El senador gremialista acusó que el titular de Vivienda era "el responsable de cada una de las decisiones que se toman en su ministerio".
El fundador de RD y una de sus principales figuras políticas señaló, además, que su cargo estaba a disposición del Presidente y que se debe sancionar a todos los responsables de las presuntas irregularidades en los convenios entre fundaciones y el Minvu, que el Ministerio Público investiga en cuatro regiones.
Este viernes la Fiscalía inició una investigación al darse a conocer que la entidad recibió $128 millones por una colaboración en el marco de programa de asentamientos precarios cuando registraba “actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias” como sus únicos giros.
La entidad recibió $128 millones por una colaboración en el marco de programa de asentamientos precarios cuando registraba “actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias” como sus únicos giros.
La delegada enfatizó en que “toda la información que se requiere es información que hemos entregado a las instancias competentes”.
La alcaldesa de Viña del Mar abordó por primera vez la polémica que sacude a su partido, RD, en medio de la investigación del Ministerio Público por los millonarios convenios entre el Serviu de la región de Antofagasta y la fundación que presidía la expareja de la diputada Catalina Pérez. La jefa comunal dijo que debe haber “sanciones condenatorias y ejemplares".
El Ministerio Público investiga delitos de corrupción por traspasos de fondos público de la cartera a organizaciones privadas en al menos dos regiones: Maule y Antofagasta, ambos casos ligados a militantes RD. En Atacama, dijo el ministro, se están reuniendo antecedentes.
Persecutores se reunieron hoy con el ministro de Viviendas. El fiscal del caso recordó que tanto Daniel Andrade como Carlos Contreras - exseremi de Vivienda y exjefe de gabinete de la diputada RD-, están en calidad de imputados.
Aunque insistió en que “hasta ahora no hay nada irregular” en los convenios entre la fundación y el Minvu, el presidente de RD destacó que “fue un error político generar ese tipo de convenios y no haber advertido al gobierno que ese flanco se podía abrir”.
