La auditoría de la Contraloría da cuenta de que en el centro asistencial hay graves falencias en su gestión contable, inventario y contrataciones entre 2020 y 2022. Sin embargo, funcionarios y altos directivos afirman que los problemas en el hospital se arrastran hace años y que se habían denunciado con anterioridad. Tras el revelador informe, el director del servicio que administra el hospital, Antonio Infante, no descarta una arremetida judicial.
Han pasado diez años desde que el entonces rey español Juan Carlos I decidió abdicar y entregar la corona a su hijo, Felipe VI. Estas son las “malas decisiones” que lo dejaron entre la espada y la pared.
El proyecto que crea un registro de beneficiarios finales, ingresado al Congreso a fines de 2023, está incluido en el “fast track” legislativo anunciado por Hacienda para apurar 21 iniciativas del pacto fiscal. La medida, que busca combatir la corrupción, el crimen organizado, y la evasión y elusión tributaria, obligará a toda sociedad a clarificar sus propietarios finales en Chile o en el extranjero. Los expertos lanzan sus reparos a la medida, pero coinciden sobre la necesidad de crear este nuevo catastro.
En la cumbre de los líderes del G7, que empieza este jueves, uno de los temas clave será cómo utilizar las ganancias generadas por los activos rusos congelados en favor de Kiev.
Jefe comunal fue formalizado por delitos de corrupción en abril.
A través de un escrito, la organización determinó paralizar los derechos de uno de sus hermanos, específicamente el jefe comunal de Recoleta, que enfrenta la prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y un ilícito concursal. "Que la gravedad de los hechos descritos y los indicios expuestos ante el Tribunal de Garantía, en caso de ser probados, estarían reñidos con la forma en que deben actuar los miembros de la Orden, tanto al interior de ella como en la sociedad, siempre encuadrados en los principios, valores y virtudes que impone la Francmasonería a sus miembros", se lee en el escrito.
En medio de los cuestionamientos del Partido Comunista (PC) a la prisión preventiva decretada por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago en contra del alcalde de Recoleta, formalizado por delitos de corrupción, salió a flote una iniciativa parlamentaria. Esta, impulsada por diputados de esa tienda, de haberse convertido en ley habría perjudicado directamente a uno de sus militantes, ya que establece que por el mero hecho de ser imputado por ilícitos como fraude, malversación o cohecho, es un criterio suficiente para aplicar la medida cautelar más gravosa. ¿Un disparo en los pies?.
Al alcalde de Recoleta se le imputan los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, además de un delito concursal. Ilícitos similares han llevado a que en los últimos meses distintos jefes comunales y exautoridades también hayan sido formalizados, entre ellos Raúl Torrealba (Vitacura) y Cathy Barriga (Maipú).
El alcalde de Recoleta entregó escuetas palabras a la salida del Centro de Justicia y pidió no ser seguido ni acosado al dirigirse a su automóvil. El lunes se conocerá si el jefe comunal queda o no en prisión preventiva.
Las nuevas declaraciones siguen a la polémica generada esta misma semana por las palabras del Pontífice, de nuevo a puerta cerrada, y también filtradas a la prensa, en las que se refería a que en los seminarios hay demasiado “ambiente marica”.
Ministerio Público acusa nueves hechos para los exuniformados. En uno de ellos, pidieron un pago mensual de $1.600.000 a un administrador chino de un restaurante. A cambio, afirmaban, no ocurrirían más delitos.
La ministra del Interior dijo que "en Chile cuando hay delitos que involucran a uniformados y a civiles, quien lleva esas investigaciones es la justicia civil".
A través de sus redes sociales, el mandatario indicó que los ahora exuniformados “deben ser investigados por la justicia civil y si los delitos son probados, condenados”.
Hasta la Segunda Comisaría de Santiago llegaron efectivos de Asuntos Internos de la policía y la fiscal Centro Norte, Marcela Adasme, en medio de una indagatoria a un grupo de uniformados dedicados, principalmente, al cobro de coimas a personas con antecedentes para no ingresarlos como "controlados" en el sistema. Uno de los casos apunta al cobro por protección a inmigrantes chinos por hasta $1,6 millones mensuales.
