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"Nos estamos acostumbrando a enterarnos de homicidios todos los días", dijo el gobernador de la Región Metropolitana.
La mujer de 33 años acabó con la vida de 7 bebés en el hospital Countess of Chester, ubicado al norte de Inglaterra.
La medida fue dispuesta por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien resolvió impulsar una acción penal contra altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas callejeras de 2014 y en las que murieron al menos 25 presuntos opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
La decisión la dio a conocer la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, integrante del Tribunal de Paz, quien dio detalles de las conductas reconocidas por los exguerrilleros comparecientes. Según la jueza, el comando conjunto central de las FARC, “adoptó la política de financiarse a través del secuestro” y la extorsión, principalmente.
El gobierno venezolano dijo que hará uso de todas las acciones disponibles en el Derecho Internacional para “defender la verdad y asegurar sus derechos como nación”, ya que el presidente Maduro atribuye la investigación a una supuesta estrategia de “cambio de régimen” impulsada desde Washington. Acusó, por lo mismo, que es una ofensiva que “abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos”.
De acuerdo a la Fiscalía, los crímenes se gestaron por altercados por distintos lugares para la venta de drogas en el período de la pandemia por Covid-19. Un tercer sujeto fue condenado a 17 años de prisión.
Para automatizar y agilizar las labores del equipo de Fiscalía, la institución se unió con un grupo de académicos que desarrollaron una Inteligencia Artificial. La herramienta tiene la capacidad de ayudar en el rastreo de bandas criminales que roban, trafican droga e, incluso, asesinan.
La embajadora de Estados Unidos para la Justicia Penal Global, Beth Van Schaack, dijo que este tribunal podría basarse en el sistema judicial ucraniano e incluir, además, “elementos internacionales” con el objetivo de lograr “una rendición de cuentas integral por los crímenes que se cometen en Ucrania”.
Los vecinos del barrio Los Pumitas destruyeron y sacaron todos los objetos de la casa del “Salteño”, presunto asesino de un niño de 11 años. Hasta la vivienda tuvieron que llegar funcionarios policiales para trasladar al acusado, quien también se dedicaría al tráfico de drogas.
Pedrinho Matador estuvo más de 40 años en la cárcel por matar a 71 personas, aunque él apuntaba que habían sido 100. Hace pocos días, a los 68 años, fue acribillado mientras visitaba a familiares en el municipio Mogi das Cruces.
Según el gobierno de Nicolás Maduro existirían “vínculos probados de la fiscalía de la Corte Penal Internacional con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto”. El régimen chavista atribuye el proceso a una estrategia de “‘cambio de régimen” promovida por Washington.
“Mientras las Fuerzas Armadas rusas parecen estar intensificando su ofensiva en Ucrania, el compromiso de hacer rendir cuentas a todos los responsables de violaciones de Derechos Humanos y crímenes de guerra es más urgente que nunca”, señaló en un comunicado la secretaria general de AI, Agnès Callamard. “Vamos a decirlo con claridad: las manos de Putin y sus fuerzas armadas están manchadas de sangre”, añadió.
Una orden de allanamiento permitió que los investigadores pudieran entrar en el departamento de Bryan Kohberger, el sospechoso por el crimen de cuatro jóvenes universitarios de Idaho, en EE.UU. No se encontró el arma homicida, pero sí incautaron otros objetos de interés para la investigación.
