El canciller nicaragüense Denis Moncada rechazó las "medidas coercitivas e injerencias por parte de países y organismos extranjeros que persiguen desestabilizar al gobierno, lo que atenta contra la soberanía de un país".
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Por otro lado, un total de 59 países urgieron este martes al gobierno de Daniel Ortega a liberar a los opositores detenidos en virtud de unas controvertidas leyes, que, a su juicio, impedirían celebrar elecciones “libres”.
“Repudio los discursos de odio y la discriminación en todas sus facetas, inaceptables en cualquier sociedad democrática”, señaló la máxima responsable de derechos humanos de la ONU.
En la reunión Ramírez, también expondrá las decisiones que ha tomado el gobierno de Iván Duque para atender la migración, como la adopción del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.
El coronel (R) del Ejército se habría fugado el 9 de junio. El exuniformado fue aprehendido este mediodía a pocos metros del hotel donde se hospedaba en la capital trasandina.
La llegada de los representantes del organismo fue el día domingo -dos días antes de lo anunciado- y coincidió con la publicación de un plan del gobierno para reformar la policía. Este martes comienzan a aplicar la agenda establecida.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó la decisión del tribunal como un ejemplo de "la determinación de la justicia internacional de hacer rendir cuentas sea cual sea el tiempo que tome".
La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) de esa nación entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un balance sobre las cruentas manifestaciones que estallaron el 28 de abril contra el gobierno de Iván Duque, en medio de una visita de representantes del organismo al país y que se prolongará hasta el 10 de junio. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en una declaración aportada a la CIDH, aseguró que “las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios”, de los cuales 45 ocurrieron en el departamento del Valle del Cauca, del que Cali es la capital.
Además de ordenar un decreto que “modernizará” la estructura orgánica de la Policía Nacional, el Mandatario también anticipó la creación de un "nuevo estatuto disciplinario", la implementación de cámaras corporales y el cambio de color en los uniformes de la institución, que pasarán del verde al azul.
El representante para América Central del organismo reiteró su petición al Gobierno de Nicaragua para que “garantice un proceso electoral democrático en el que todas las sensibilidades políticas se vean reflejadas y que cesen los ataques contra la oposición, la prensa independiente y la sociedad civil”.
En entrevista con CNN. el Mandatario sostuvo, además, que no pensó en pedir disculpas por los atropellos a los DD.HH. registrados en su gobierno, y afirmó que asume su responsabilidad por el fracaso electoral en las elecciones de mayo, pero que esta es "muy compartida" con la ex Concertación.
Los expertos del organismo se reunirán con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios.
La investigación fue realizada a partir del denominado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, un documento oficial que relaciona “la forma cronológica como fuerzas de seguridad del Estado entre los años 1983 a 1985, secuestraron, trasladaron a centros clandestinos de detención, torturaron, violentaron sexualmente y ejecutaron a más de 183 personas”, indicó la Fiscalía General del país centroamericano. Guatemala vivió una guerra civil de 36 años (1960-1996) que dejó 200.000 entre muertos y desaparecidos, el 93% de las víctimas a manos de fuerzas del Estado, según estableció un informe de Naciones Unidas en 1999.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos fue aprobada por 24 de los 47 miembros del la instancia. Nueve se opusieron y 14 se abstuvieron.
La embajada estadounidense en La Habana, al exigir la libertad para Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “el Osorbo”, señaló a través de su cuenta de Twitter que “EE.UU. rechaza la detención de artistas por ejercer su libertad de expresión”, y que “el gobierno cubano no puede silenciar a sus críticos mediante la violación de sus derechos humanos”. El régimen castrista acusa a Otero Alcántara y a Castillo, uno de los intérpretes de Patria y Vida, una canción de protesta incisiva de raperos cubanos viralizada en las redes sociales, de tratar de manipular la situación política y estar financiados y manejados por organizaciones en Estados Unidos.
