“Tal abuso del poder del Estado contra un periodista por ejercer funciones protegidas por el derecho internacional merece la más enérgica condena”, afirma la instancia.
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El reporte detalla que el 25 de abril fueron expulsado 55 migrantes venezolanos colectivamente desde el aeropuerto de Iquique. El grupo, según aseguran los expertos de Naciones Unidas, estuvo incomunicado y no tuvo acceso a asistencia legal.
La Alta Comisionada instó a ambas partes a garantizar el estricto respeto de sus obligaciones conforme al derecho internacional y emplazó a Tel Alviv garantizar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
La denuncia fue presentada por el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien junto a organizaciones de Derechos Humanos, reclamó la presencia ante la Justicia internacional de otras autoridades, como el ministro de Defensa, el comandante del Ejército y el director de la Policía. “Esta denuncia documenta que entre el 28 de abril a la fecha, existen 1.595 hechos en los que hay graves violaciones a los Derechos Humanos como asesinatos, tentativa de asesinatos, tortura, violaciones sexuales y retenciones arbitrarias”, subrayó el parlamentario.
La semana pasada, Claudia Blum cuestionó las declaraciones de varios países respecto a la situación de violencia en el país.
Los archivos fueron hallados por personal del Ministerio de Defensa en la unidad militar del Grupo de Artillería 5 de Montevideo, que funcionó como centro de detención y tortura de presos políticos entre 1972 y 1974. Los documentos se han entregado también a la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. El material contiene información sobre solicitudes de capturas, inteligencia sobre personas, organizaciones políticas, sindicales y sociales, entre otros temas.
Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), entre 270 ONGs de todo el mundo, así como 171 familiares hicieron la solicitud. En junio, la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU debe presentar un informe sobre “racismo sistémico” y violencia policial.
El ministro Segpres se refirió a la agenda de "mínimos comunes" que está en conversación entre los presidentes de ambas cámaras y el Ejecutivo, y el cónclave convocado por la oposición para discutir esta materia. "Los ejes que debemos acordar son justamente aquellos que nos podemos poner de acuerdo en el corto plazo", dijo invitando a acotar la discusión.
Sin embargo, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, aseguró esta mañana que "los mínimos que nosotros hemos conversado con el gobierno son los cuatro que hemos mencionado". También defendió "no ampliar" la agenda. El borrador sobre los ejes del encuentro, al que tuvo acceso La Tercera plantea, además, que la reunión de este 8 de mayo será un "espacio de reencuentro entre la oposición política y organizaciones de la sociedad civil”.
Los incidentes incluyen amenazas o acoso contra las instituciones o su personal en Bolivia, Chile y El Salvador; ataques contra la sede; intentos de destitución del director de la organización como Guatemala y en México a nivel estatal, entre otros ejemplos.
El DC Gabriel Ascencio realizó la solicitud con la finalidad de que "nos pudieran informar telemáticamente qué es lo que está ocurriendo en estos países".
La Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU afirmó que el método usado para cesar a todos los jueces de la Corte Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general “no cumplió con los estándares requeridos sobre el debido proceso".
La portavoz de la oficina para los DD.HH. de la ONU agregó que los “defensores de derechos humanos también informaron que han sido acosados y amenazados”.
“En estos tres años y ocho meses hemos imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, fueron aprehendidos un total de 540 agentes de distintos organismos y 31 particulares”, señaló el fiscal general de ese país, Tarek Saab, al dar a conocer un informe enviado a la Corte Penal Internacional. Anunció, además, el inicio de un “proceso de reestructuración” de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo al que están adscritas las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) sobre las que pesan múltiples denuncias de violaciones de los DD.HH.
La ONG, con sede en Nueva York, también exhorta a la ONU a crear una “comisión internacional de investigación” sobre la situación en Israel y los territorios, y a los países a “no ser cómplices” de la política israelí hacia los palestinos.
