Personeros del oficialismo -como el secretario general del PC, Lautaro Carmona- han salido a pedir que el gobierno "haga valer las responsabilidades políticas".
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La vocera del Ejecutivo indicó que los antecedentes se conocieron a nivel regional y la exsubsecretaria Tatiana Rojas no les notificó. "Ahí hay ciertos días de desfase, pero apenas llega esta información al nivel central, al ministro, al Presidente de la República, se toman las acciones correspondientes”, aseguró. La ministra recalcó que "es obvio que el Presidente no se entera el mismo día que entra un oficio".
No es primera vez que el titular de Vivienda señala que no dejará su cargo, todo en medio del lío de platas entre la fundación Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta.
El Mandatario ayer señaló que tuvo conocimiento del oficio fiscalizador impulsado por la diputada Yovana Ahumada (ex PDG), fechado el 7 de junio, es decir, nueve días antes de que explotara el escándalo en el medio Timeline. Versión que tuvo que ser explicada, posteriormente, por sus ministros.
Ministerio Público indaga casos en las regiones de Antofagasta, Atacama, Maule, Biobío, Los Lagos y Araucanía.
A inicios de junio pasado, el texto de la diputada Yovana Ahumada cuestionó la entrega de fondos a una institución ajena a la Región de Antofagasta. Ese oficio, que aún no tiene una respuesta oficial del Ejecutivo, fue marcado por Boric como la primera alerta de la gravedad del caso.
La legisladora independiente fue la primera autoridad en tomar acciones públicas por el caso de Democracia Viva. El 7 de junio, pidió que se exigieran más antecedentes al entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex-RD y exjefe de gabinete de Catalina Pérez). Aquel oficio de fiscalización fue marcado por el Presidente como el hito que puso la alerta en La Moneda. Sin embargo, la parlamentaria dice que le cuesta creerle la versión al gobierno.
El Jefe de Estado respondió cuándo se enteraron él y su gobierno del caso que hoy indaga el Ministerio Público. El Mandatario señaló que tuvo conocimiento del oficio fiscalizador impulsado por la diputada Yovana Ahumada (ex PDG), fechado el 7 de junio, es decir, nueve días antes de que explotara el escándalo en el medio Timeline. Sus palabras generaron confusión a tal punto que el ministro de Justicia, Luis Cordero, tuvo que aclarar sus dichos.
Esto, tras una sesión especial de la sala del Senado, convocada para tratar los traspasos de recursos fiscales a las fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales durante el actual gobierno.
El jefe de la cuestionada cartera reveló este nuevo antecedente en sesión de este miércoles de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.
El titular de Vivienda aseguró también que no se han intentado "atribuir responsabilidades a gobiernos anteriores, sino que hay un sistema desde hace bastantes años, que es la delegación de facultades, que viene del año 2019″.
El Jefe de Estado respondió hoy sobre cuándo se enteró él y su gobierno del caso que hoy indaga el Ministerio Público. El Mandatario señaló que tuvo conocimiento del oficio fiscalizador impulsado por la diputada Yovana Ahumada (exPDG), fechado el 7 de junio, es decir, nueve días antes de que explotara el escándalo en el medio Timeline. Eso sí, recalca que entendió que había irregularidades "alrededor" de la fecha de esa publicación, momento en que instruyó "entregar toda la información".
El Presidente Boric se refirió a la renuncia de Fernández y aseguró que lo conoce personalmente, afirmando que el exasesor "jamás justificaría el quiebre de la democracia en un golpe de Estado".
Si bien a fines de junio el partido había tomado la definición de constituir un comité de militantes para gestionar el escándalo asociado a Democracia Viva, a inicios de esta semana se optó por desarmar el espacio. Los motivos apuntan a que sea la directiva -en conjunto con la comisión política, conformada por el senador Latorre, su secretario ejecutivo y representantes regionales del consejo político- la que se haga cargo de la responsabilidad política de buscar una salida a la crisis partidaria.
El ministro Luis Cordero explicó que esta indagatoria, en el marco de las competencias de su cartera, apunta primero a conocer el cumplimiento del objeto social para el que fueron constituidas las entidades, en segundo lugar, la actualización de la información financiera que deben reportar y en tercer lugar a los contratos y las actas de funcionamiento de sus sesiones.
