“Caiga quien caiga, sin doble estándar, sin silencios cómplices”. Con esas palabras, el timonel de la tienda oficialista dio a conocer que el martes presentarán la acción judicial.
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El actual ministro de Desarrollo Social fue uno de los fundadores en 2012 de Revolución Democrática, partido que vive una de sus peores crisis tras las denuncias que revelaron posibles delitos con recursos públicos y tráfico de influencia en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que ahora investiga la Fiscalía.
Desde Demócratas piden la renuncia de Tatiana Rojas -militante de RD-, luego de que se conociera un correo enviado por la asociación de funcionarios del Serviu alertando a la subsecretaria y otras autoridades de posibles irregularidades en el caso de la fundación vinculada a RD.
En el consejo político de este jueves, los jefes comunales que militan en la colectividad llamaron a tomar medidas disciplinarias contra la legisladora, al menos, mientras no se esclarezca que no tuvo participación alguna en los cuestionados convenios entre el Serviu de Antofagasta y su pareja, Daniel Andrade.
Pivotes, Horizontal e Idea País anunciaron que comenzaron la recolección de firmas para que en esta etapa del proceso de nueva Constitución sea discutida una norma relaciona al nombramiento de funcionarios en el Estado.
El senador expresó su molestia contra la tienda oficialista. "La corrupción provenga de donde provenga hay que condenarla. Y Ellos fueron los que hablaron de la superioridad moral, no fuimos nosotros", señaló.
El ministro Carlos Montes deslindó responsabilidades en la subsecretaria Rojas y le reclamó personalmente al presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, por haber afirmado que él había sido informado en su momento de las denuncias en contra de la Fundación Democracia Viva. La UDI, en tanto, presentó una querella y RN ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo.
Esta mañana, el timonel de RD aseguró que la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, le había advertido al ministro Montes que había llegado una denuncia de presuntas irregularidades por los convenios con Democracia Viva. En horas de la tarde, fue el propio titular de la cartera quien señaló que "el presidente de RD se equivocó". Tras ello, Latorre entregó "todo el respaldo al trabajo que está realizando el ministro Carlos Montes”.
La Policía de Investigaciones indagará los contratos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación dirigida por Daniel Andrade, pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez.
El Mandatario, también expresó una molestia profunda por el caso. "Frente a situaciones que dañan la fe pública hay que ser implacables, sin ningún espacio para ambigüedades", señaló.
Una acusación de eventual conflicto de interés y aprovechamiento de cargos públicos para beneficiar a militantes de RD se convirtió en la mayor crisis de presunta corrupción en el gobierno de Gabriel Boric. Así, el partido fundado por Giorgio Jackson vive uno de sus capítulos más complejos, y que dejó en la cuerda floja el discurso del Frente Amplio sobre renovar la política y condenar los actos de corrupción.
El ente contralor decidió entrar de lleno al caso que pone la lupa sobre la entrega de fondos públicos en la zona, a organizaciones "sin fines de lucro", a raíz de la millonaria adjudicación a Democracia Viva. Desde la institución que dirige Jorge Bermúdez se pidió entregar de inmediato todos los convenios de transferencias suscritos relacionados con el programa de "asentamientos precarios", entre 2022 y 2023, identificando los actos administrativos que los aprobaron. El plazo final es el jueves 29 de junio.
"Esto es algo grave que no se puede aceptar, menos en la realidad de campamentos en la ciudad de Antofagasta", señaló el titular de Vivienda y Urbanismo, respecto al caso de recursos públicos e influencias políticas en la Seremi de Vivienda de la región que sacude RD y a la diputada Catalina Pérez.
Aunque las bancadas de derecha hoy exigen hacer valer las responsabilidades de la subsecretaria Rojas, si el gobierno no adopta medidas drásticas, el caso podría complicar aún más al ministro de Vivienda. Mientras la UDI presentó una querella, RN no descartó una acusación constitucional e ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo en este caso. El Presidente Boric, por su parte, endureció el tono y condenó los hechos.
