Aunque las bancadas de derecha hoy exigen hacer valer las responsabilidades de la subsecretaria Rojas, si el gobierno no adopta medidas drásticas, el caso podría complicar aún más al ministro de Vivienda. Mientras la UDI presentó una querella, RN no descartó una acusación constitucional e ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo en este caso. El Presidente Boric, por su parte, endureció el tono y condenó los hechos.
Además de los integrantes de la ya polémica fundación, hay una serie de personajes que aparecen clave en la trama que indaga el fiscal Cristian Aguilar, jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta. Y es que tras emitir una orden para que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI analice las transacciones entre la entidad encabezada por Daniel Andrade y el Serviu de Antofagasta, el Ministerio Público persigue determinar si existen figuras delictuales como fraude al Fisco o tráfico de influencias.
Mandatario indicó que se exigirá a la fundación ligada a RD la restitución de los montos asignados no ejecutados y se avanzará en modificaciones a los mecanismos de asignación de este tipo de recursos. "Acá no puede caber ningún tipo de complacencias", recalcó.
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Los legisladores de oposición plantean que existe una lógica de “impunidad administrativa” del gobierno “donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones”.
El jefe de Vivienda ayer subió el tono, pidiendo que Democracia Viva devuelva los dineros no gastados de los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Fuentes de gobierno señalaron que Montes buscará reunirse con el fiscal Cristián Aguilar, quien lidera la indagatoria por los convenios entre la Seremi de Antofagasta y la fundación de la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD). Mientras que Revolución Democrática pidió la expulsión de sus militantes involucrados en el caso en el que se investigan los delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias.
“Lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados”, afirmó el titular de Vivienda.
Además, los diputados gremialistas pedirán citar a los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo para que transparenten “la relación que mantienen con dicha fundación, considerando los distintos llamados que han hecho a participar de ella”. Y también al ministro Carlos Montes por “su responsabilidad como superior jerárquico del seremi que asignó los $426 millones”.
En menos de dos semanas, una acusación de eventual conflicto de interés y aprovechamiento de cargos públicos para beneficiar a militantes de Revolución Democrática se convirtió en la mayor crisis de su tipo en el gobierno de Gabriel Boric. El episodio, que ha significado renuncias, condenas públicas y la intervención del Ministerio Público, puede ser difícil de entender. Acá te ayudamos a comprender el corazón de la denuncia que remece al oficialismo.
Tras un consejo político nacional de la tienda se decidió solicitar al Tribunal Supremo la desvinculación de los involucrados por "infringir la normativa interna".
La entidad detalló que de los tres convenios que suman $ 426 millones se han rendido un 27% de los montos a mayo de 2023 y que los trabajos presentan un avance que va del 30 al 47%. También condenaron el "acoso" a algunas colaboradoras asegurando que "ninguna operación política justifica la violencia".
El diputado de Convergencia Social señaló que un posible delito debe ser investigada por el Ministerio Público, pero que debido a la falta de ética que implica el caso, sería "positivo" que los militantes de RD involucrados dejaran el FA.
El escándalo político entre la fundación de la pareja de Catalina Pérez, Democracia Viva, y el Serviu de Antofagasta remeció los cimientos del Frente Amplio. La dureza de las declaraciones del gobierno y del partido del Presidente Boric, Convergencia Social, busca neutralizar el efecto que podría generar que uno de sus filas enfrente un caso de posible corrupción. En Palacio ya se ha activado un control de daños: develar si hay nuevas aristas de Democracia Viva donde estén involucradas otras autoridades RD.
La investigación será liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, quien ya ordenó las primeras diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) regional.
Aunque insistió en que “hasta ahora no hay nada irregular” en los convenios entre la fundación y el Minvu, el presidente de RD destacó que “fue un error político generar ese tipo de convenios y no haber advertido al gobierno que ese flanco se podía abrir”.
