El país debe abordar con urgencia las precarias condiciones en que Gendarmería ejerce su labor así como ampliar la actual capacidad carcelaria, especialmente para la custodia de reos de alta peligrosidad.
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Si una vez aplicadas aquellas salvaguardias que cumplan con los estándares exigidos las empresas aun así no logran cubrir sus costos, entonces deberían dejar de operar, caso en que el Estado debería limitarse a mitigar los efectos de la pérdida de empleos.
El hecho de que todavía existan estudiantes sin posibilidad de matricularse revela serios problemas de gestión, pero también es el resultado de una serie de rigideces que se originaron en la Ley de Inclusión, normativa que requiere ser revisada.
Esta suerte de velado chantaje que ha formulado el PC, que también han hecho propio sectores del FA, altera las bases democráticas, introduce una inconveniente señal de inestabilidad y complica al propio gobierno.
Si bien el resultado final abre espacios para la explotación privada de los salares, el reservar los más rentables para el control estatal y la demora del proceso hacen incierto su resultado.
La inexplicable decisión de la Comisión de Constitución del Senado de eliminar la figura de los fedatarios -muy relevante para avanzar hacia una “desnotarización”-, deja la incómoda impresión de que el lobby estaría surtiendo efectos.
La Moneda parece no haber aquilatado los potenciales riesgos que conlleva su criterio de establecer el acto de la formalización como un “punto de inflexión” para definir la continuidad de funcionarios públicos.
Los cambios propuestos por un grupo transversal de expertos para corregir nuestro dañado sistema político deberían ser recogidos por el gobierno, los partidos y el Congreso, porque dichos cambios son prioritarios para el país.
Aunque la mayor parte de los profesionales médicos se ajustan a la legalidad, los datos muestran que los pocos que no lo hacen provocan graves pérdidas en el sistema de salud.
Si bien ha mejorado la disponibilidad de información, varios problemas de gestión -tal como ocurre con los nuevos SLEP-, y la falta de cupos para un número importante de alumnos hacen difícil sostener que la situación ha avanzado respecto a 2022.
Lo sucedido esta semana en el Senado, más allá de las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, marca un profundo cambio en la correlación de las fuerzas políticas y deja definitivamente atrás los equilibrios que primaron tras el retorno a la democracia.
El caso del ex director de la PDI es especialmente grave no sólo por la filtración misma de antecedentes reservados por parte del jefe de una institución encargada de velar por la seguridad pública, sino porque afecta la confianza ciudadana en sus policías.
La solicitud de realizar las próximas elecciones en dos días es una buena ocasión para avanzar en otras medidas que permitan que las jornadas electorales a futuro se lleven a cabo sin alterar el normal funcionamiento del país.
Sostener, como hizo la secretaria de Estado, que el caso del exdirector de la PDI sugiere la existencia de una red de corrupción que involucra “a ex personeros de gobierno y líderes políticos” sin tener antecedentes no se condice con la prudencia que se exige a las autoridades ante un caso grave como el que se investiga.
El negocio que se ha levantado en torno a estos trabajos académicos exige a las universidades reforzar sus controles, endurecer su evaluación y, también, analizar si en todos los casos ese mecanismo sigue cumpliendo con sus objetivos.
