El gobierno de Lagos, con sus luces y sombras, demostró que en un proyecto político de izquierda es posible brindar gobernabilidad mediante un espíritu reformista, pero sin perder los ejes del crecimiento y el desarrollo.
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La contracción con que habría terminado la economía chilena en 2023, y el aumento del empleo público y por cuenta propia, obligan a abordar los aspectos estructurales que llevan a este insatisfactorio desempeño.
El lapidario informe de Contraloría, donde da cuenta de que algunos de los beneficiarios en el marco del estallido social incluso tenían condena por pornografía infantil, aconsejaría revisar todo el proceso, debido a las manifiestas fallas en que incurrió el Estado.
El último informe de Transparencia Internacional pone a Chile dentro de los países “a observar” en la región, tras una serie de casos de corrupción y deficiencias para su prevención. Esto debería ser un potente llamado para actuar a tiempo contra este flagelo.
Con la decisión del Tribunal Supremo, que confirmó la inhabilidad de María Corina Machado para participar en las elecciones presidenciales, el régimen de Maduro despeja el camino para su reelección fraudulenta.
La discrecionalidad con que al parecer el Estado está fijando el monto de los aranceles obliga a interrogarse por la pertinencia de seguir bajo el actual modelo de gratuidad.
El fuerte traspié que ha experimentado el gobierno con su reforma de pensiones debería resultar aleccionador en cuanto al alto costo que termina pagándose por tratar de conseguir apoyos a cualquier precio y con diseños ideológicos que no resuelven los problemas.
Resulta pertinente establecer regulaciones más estrictas al uso de estos dispositivos en los colegios, porque permitir un uso discrecional genera una serie de efectos adversos para los procesos formativos, pero también para la sociedad.
Los cambios que propone Hacienda para facilitar la labor fiscalizadora del SII no solo suponen una profunda alteración del peso de la prueba, sino que además difícilmente lograrán el objetivo propuesto.
A pesar de los fuertes reproches que ha formulado el PC ante la intención del gobierno de revocar estas pensiones a quienes tenían antecedentes penales, el Ejecutivo no debe dar pie atrás, y a la vez asegurarse de que las razones que justifican el beneficio sean incuestionables.
El proyecto de ley del Ejecutivo para agilizar la creación de nuevos establecimientos frente a una demanda insatisfecha sigue en la lógica de poner trabas antes que en generar las facilidades para que nuevos proyectos accedan a fondos públicos, un costo que lo terminan pagando las familias.
La proliferación de homicidios -donde los menores de edad también son víctimas- exige la adopción de medidas mucho más audaces, sobre todo considerando que la propia Fiscalía admite que la “criminalidad en Chile cambió totalmente”.
El aumento de la población penitenciaria relacionada con el narcotráfico o vinculada a peligrosos carteles internacionales obliga a adoptar medidas especiales. El caso ecuatoriano es ilustrativo sobre los riesgos de no actuar a tiempo.
Es fundamental apuntar a una reforma que dé una solución a las bajas pensiones actuales y futuras, pero sin las distorsiones de la actual reforma. La mejor manera sería destinando la cotización adicional con cargo al empleador a las cuentas individuales, complementado con impuestos generales.
La dinámica de esta polémica habla más bien de actitudes oportunistas, donde lo que ha predominado es una cadena de reacciones apresuradas frente a un cuestionamiento de último minuto, sin medir las implicancias de buscar censurar un espectáculo.
