Hasta septiembre, más de 36 mil chilenos habían muerto sin recibir la atención de salud que requerían. Esto constituye un profundo llamado de atención a la sociedad, y revertir este cuadro debería ser una prioridad del país.
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Se genera un profundo daño institucional cuando esta instancia es aprovechada por los parlamentarios como vía para solucionar todos los problemas sociales no resueltos, y el Ejecutivo termina consintiéndolo mediante protocolos de acuerdo.
Atendido el acotado perfil de ministros que concurrió a dicha cumbre, así como de los temas priorizados, queda la impresión de que el gobierno no logró sacar todo el partido que se habría esperado en esta privilegiada tribuna.
La inesperada designación de la exalcaldesa de Ñuñoa como subsecretaria del Deporte -quien había renunciado anticipadamente para competir por un cupo en el Congreso- reabre la controversia sobre los criterios del gobierno respecto a sus designaciones.
Pese a que en lo general está bien orientado, no es claro por qué se insiste en mantener determinadas estructuras burocráticas, ni tampoco es claro cómo funcionará la relación entre los nuevos seremis y el delegado presidencial.
Si bien se observan cifras menos negativas que las de años más recientes, de todas formas siguen indicando un alto número de estudiantes que se encuentran fuera del sistema escolar.
Un mayor crecimiento es fundamental, y para ello no solo es indispensable acelerar reformas clave -donde abordar los permisos ambientales resulta crucial-, sino también hacerse cargo de la dimensión de inseguridad y cambios al sistema político.
La ilegal movilización de funcionarios de la DGAC, a lo que se suman las quejas por los incomprensibles problemas del nuevo sistema de autoatención migratoria, constituyen graves retrocesos.
Las implicancias globales que conllevará la nueva administración lleva a preguntarse si el país está preparado para enfrentar estas complejidades y forjar vínculos aún más estrechos con Estados Unidos.
La verdadera preocupación del gobierno debería estar en preguntarse por qué con los recursos actualmente contemplados el Ejército no logra satisfacer sus necesidades para conscripción y soldados profesionales.
La evidencia que proporcionan estudios del FMI y el BID para la región y Chile sobre los enormes costos que representan estos flagelos ilustran la importancia de que su combate constituya una prioridad de las políticas públicas.
Para efectos de asegurar de mejor forma el rol que está llamado a cumplir esta entidad, parece pertinente avanzar en convertirlo en un organismo autónomo.
El inédito ajuste de más de US$ 600 millones en el gasto público para 2025 se hacía inevitable, pero al cubrir solo una fracción del mayor déficit que los analistas y algunas agencias clasificadoras prevén, es posible que deban venir nuevos recortes.
La estrategia que el abogado Juan Pablo Hermosilla ha desplegado en la defensa de su hermano Luis ha caído en una suerte de extorsión y la desacreditación de instituciones. Es lamentable que políticos y parte de los medios de comunicación se presten para este juego.
Si bien la nominación de los subsecretarios Luis Cordero y Carolina Leitao ha sido blanco de críticas, lo concreto es que el gobierno modificó la estructura ministerial a cargo de la seguridad y lo razonable es darle la chance de demostrar que harán cambios a la cuestionable estrategia en la materia seguida hasta ahora.
