Al buscar poner fin a las preexistencias, pero sin un fondo de compensación para las Isapres, el gobierno está perdiendo la oportunidad de hacer una reforma bien orientada y que ayude a darle viabilidad al sistema.
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Constituye una de las peores prácticas parlamentarias que un grupo de legisladores busque hacer coincidir un nuevo retiro con las elecciones generales de 2025.
Más que priorizar las universidades chilenas, se debería buscar un mejor equilibrio entre programas externos y locales, pero siempre teniendo presente que lo que debe primar es la calidad de la formación.
No es una buena señal que a más de un año de que estallaran casos en que aparecen millonarios fondos públicos defraudados los resultados del proceso penal sean más bien escasos. La Fiscalía debería explicar las razones de ello.
Si bien todo Estado tiene derecho a defenderse de una agresión terrorista, debe cumplir ciertos estándares y no puede rebajarse a usar los métodos de sus agresores. Los casi 45 mil muertos que deja el conflicto desde los trágicos sucesos del 7 de octubre de 2023 ponen en duda que Israel haya cumplido con esos criterios.
Si bien los énfasis en seguridad o vivienda son acertados, una de las principales dudas es si se logrará cumplir con la meta de mayores ingresos fiscales que proyecta la autoridad.
El hecho de que algunos recintos hayan debido postergar cirugías y atenciones por carencia de insumos constituye una situación indignante, que revela graves fallas de gestión que ninguna autoridad parece estar asumiendo.
La suspensión de un millonario proyecto de Colbún, producto de una decisión del SEA de Antofagasta, ilustra los problemas que conlleva la arbitrariedad en los procesos de evaluación ambiental.
Es un hecho que el país requiere aumentar su capacidad en recintos penitenciarios, cuando los reclusos ya superan las 60 mil personas. El plan para acelerar su construcción, eximiendo de permisología, debería extenderse a otras inversiones urgentes.
Los asesinatos y las amenazas de “reventar” un Cesfam ponen de relieve los enormes peligros a los que se expone la población que debe resignarse a vivir en zonas sometidas a la acción de bandas narco, donde el Estado de Derecho se ha debilitado peligrosamente.
No ayuda al buen funcionamiento institucional que los parlamentarios se precipiten en acusar a tres jueces sin esperar que la Corte Suprema concluya sus propios procesos de investigación, trasluciendo un afán de aprovechamiento político.
En el ámbito externo, es bienvenida la coherencia del Mandatario en la defensa de los DD.HH., mientras que en plano doméstico sorprendió el giro al plantear que Chile ya no puede recibir más migración. Ello exige una serie de definiciones respecto de la política migratoria.
El criterio establecido por el gobierno, en orden a que todo funcionario nombrado por el Ejecutivo debe renunciar por el solo hecho de ser formalizado, sin atender a ninguna otra consideración, abre el riesgo de que la función pública sea gravemente afectada.
Es un hecho que para romper la tendencia que el país lleva en materia de homicidios se requieren medidas a gran escala que trascienden a un gobierno de turno, lo que demanda un amplio acuerdo entre todas las fuerzas políticas.
