El caso de esta ciudad-puerto resulta particularmente ilustrativo sobre las consecuencias que conlleva la dejación del Estado para hacer cumplir la ley así como la ausencia de buenas políticas públicas que permitan el desarrollo de las regiones.
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No parece razonable que ante la detección de fallas acotadas la Dirección de Presupuestos haya suspendido temporalmente todo el sistema de pago centralizado, afectado los derechos de miles de proveedores, lo que no se condice con una modernización eficiente del Estado.
La reflexión que el Mandatario hizo respecto de la denostación de Carabineros que él y su coalición impulsaron en el pasado es una señal valiosa, pero esto debe ahora traducirse en acciones concretas.
Es valioso que las primeras normas propuestas se alejen de los maximalismos, revelen importantes niveles de consenso y se hagan cargo integralmente de la crisis que afecta a nuestro sistema político.
Es acertado que la mesa de la Cámara de Diputados busque introducir mayores sanciones en el caso de aquellos parlamentarios que incurran en faltas graves o comportamientos inadecuados, pues ello va en beneficio del trabajo de la propia Corporación.
Resulta profundamente preocupante que vastos sectores no parecen aquilatar el riesgo que supone para la población, así como para la imagen del país, el hecho de que Chile figure entre las 20 naciones con mayor nivel de terrorismo.
La decisión del Mandatario francés de seguir adelante con una reforma necesaria, pero altamente impopular, revela una responsabilidad con el futuro de su país escasa en los líderes políticos en la actualidad.
Es una señal altamente favorable que tanto el gobierno como el Congreso estén dando muestras de querer avanzar en una agenda de seguridad pública que resguarde de mejor manera el invaluable rol de las policías.
La decisión del gobierno de crear un programa informativo semanal y un flyer que emula la portada de un diario no solo genera dudas sobre su eficacia, sino que revela una peligrosa desconfianza de la autoridad en la labor de los medios.
El alza de poco más de un 33% en el número de campamentos revela la gravedad de la situación y exige abordar con urgencia los problemas de fondo que explican el incremento.
Es urgente actualizar la información sobre las condiciones de los establecimientos escolares para poder generar políticas efectivas de mejoramiento de infraestructura y cumplir con los estándares necesarios para un buen proceso de aprendizaje.
Junto con ampliar la capacidad de los recintos, cuyos niveles de ocupación en algunos casos superan el 200%, se deben mejorar los estándares para facilitar así una reinserción social exitosa.
En la medida que el país no enfrente con decisión los desequilibrios fiscales que arrastra desde hace décadas y lleve adelante una política de ajuste, será imposible contener el problema.
